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El fideicomiso y los fondos comunes de inversión.
Publicado por Jorge PORTABELLA
| 20 de septiembre de 1998

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EL FIDEICOMISO Y LOS FONDOS COMUNES DE INVERSION

Por el Dr. Jorge G. Portabella

I - INTRODUCCIÓN.

Tanto el Fideicomiso, como los fondos comunes de inversión son una forma de securitización, son instrumentos de la securitización.-
Se trata de las nuevas “herramientas” del mercado financiero para dotar de liquidez a la economía.-
Estos nuevos instrumentos, constituyen alternativas de financiación, más baratas que el crédito bancario, para los Estados, Provincias, Municipios, empresas grandes, medianas y pequeñas.-
A través de estas “herramientas”, que posibilitan un mayor desarrollo del mercado de capitales, tanto a nivel nacional como internacional, se logra estimular los niveles de ahorro y de inversión, haciendo accesibles para los pequeños inversores las operaciones del mercado de capitales, normalmente fuera de su alcance.-
Esto aumenta el grado de liquidez y permite el financiamiento de un nivel creciente de transacciones, al provocar la movilización de ahorro desde las unidades excedentarias -unidades de consumo- hacia las unidades productivas demandantes de ahorro para la ampliación de su capacidad .-
Como hemos venido anticipando, lo que vincula a ambos institutos o instrumentos, es el proceso de securitización.-

A su vez, la securitización surge debido a la necesidad de reducir el costo financiero, o de conseguir fondos sin intermediación financiera.-
Por ello es que se fue forjando, por impulso de la C.N.V., la idea de la securitización como un medio para transformar activos ilíquidos en títulos-valores negociables en los mercados secundarios.-
La Securitización ha sido definida por el Dr. Edgar I. Jelonche como “Una técnica que permite transformar créditos ilíquidos en instrumentos financieros homogéneos, negociables en los mercados. Los créditos son cedidos por la entidad financiera otorgante a un fondo (trust, fondo común u otra institución con funciones similares), que emite los valores negociables representativos de esos créditos o garantizados por ellos” .-
Por su parte, el Dr. Alegría la define como “El proceso por el cual determinados activos crediticios que se pueden reunir en determinadas condiciones de homogeneidad (origen del crédito: préstamos hipotecarios, préstamos destinados al financiamiento de la compra de automotores u otros bienes durables) se reúnen en un paquete que se utiliza como pivote para la obtención de fondos por parte del titular de esos activos” .-
El desarrollo de la securitización como herramienta para el abaratamiento del crédito puede llevarse a cabo mediante distintos vehículos, entre ellos:
a) El Fideicomiso, especialmente el financiero;
b) Los Fondos Comunes de Inversión.

Ambos vehículos tienen en común la “aislación” de un patrimonio, el cual queda a salvo de las acciones de los acreedores del fidudiante y del fiduciario en el caso del fideicomiso, y de los acreedores de las sociedades gerente y depositaria, y de los tenedores de los certificados de participación en el caso de los Fondos Comunes de Inversión.-
Analizaremos brevemente ambos institutos, para destacar sus similitudes y sus diferencias, a los efectos de lograr una mejor comprensión del tema.-

II - BREVES NOCIONES SOBRE EL FIDEICOMISO FINANCIERO.

I - Concepto.

La Ley, en su Art. 19 lo define, diciendo que el fideicomiso financiero es aquel contrato de fideicomiso sujeto a las reglas precedentes, en el cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores para actuar como fiduciario financiero; y los beneficiarios son los titulares de certificados de participación en el dominio fiduciario o de títulos representativos de deuda garantizados con los bienes así trasmitidos. Dichos certificados de participación y títulos de deuda, serán considerados “títulos valores” y podrán ser objeto de oferta pública.-
Como vemos, la ley lo caracteriza como “aquel contrato de fideicomiso sujeto a las reglas precedentes”.-
Es decir, que se aplican todas las normas relativas al contrato de fideicomiso, en cuanto sean compatibles con la clase de bienes que pueden ser objeto de este especial tipo de fideicomiso. Es decir, estamos frente a un subtipo de la figura general del fideicomiso.-
El destino de este fideicomiso es el de servir a operaciones propias del mercado de capitales. Ello se advierte al leer el art. 19 de la ley, que prevé que la Comisión Nacional de Valores es la autoridad de aplicación respecto de estos fideicomisos, a la vez que la faculta para dictar las normas reglamentarias.-
Precisamente, la Comisión Nacional de Valores dictó la Resolución General N°. 271/95, cuyo artículo 1° define al fideicomiso financiero en la siguiente forma:
“Habrá contrato de fideicomiso financiero cuando una o más personas (fideicomitente o fiduciante) trasmitan la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien deberá ejercerla en beneficio de titulares de los certificados de participación en la propiedad de los bienes trasmitidos o de titulares de títulos valores representativos de deuda garantizados con los bienes así trasmitidos (beneficiarios) y trasmitirlo al fiduciante, o a los beneficiarios o a terceros (fideicomisarios) al cumplimiento de los plazos o condiciones previstos en el mismo”.-

Los fiduciarios de estos contratos, destinados al régimen de la oferta pública, sólo pueden ser las entidades financieras o sociedades especialmente autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.-
Las entidades financieras, serían los fiduciarios financieros naturales, sujetos al régimen de control del B.C.R.A.-
En cuanto a otras sociedades, únicamente podrán serlo las que autoriza la Comisión Nacional de Valores, en la R.G. N°. 271/95, que denominaremos “sociedades fiduciarias financieras” o de la oferta pública.-
El Art. 3° de la R.G. 271/95 dispone que podrán actuar como fiduciarios financieros:
a) Las entidades financieras autorizadas por la Ley 21.526;
b) Las entidades inscriptas en el Registro de Fiduciarios Financieros;
c) El representante de los obligacionistas en los términos del Art. 13 de la Ley 23.576 (modif. Ley 23.962).
A su vez, el Art. 4° de la R.G. 271/95 exige los siguientes requisitos para para la inscripción en dicho registro:
a) Ser una Sociedad Anónima;
b) Prever en su objeto social la actuación como fiduciario;
c) Tener un patrimonio neto mínimo de $ 100.000,-
d) Contar con una organización administrativa adecuada para prestar el servicio ofrecido.-

El requisito del patrimonio neto mínimo de $ 100.000,- exigido por el inc. c) del Art. 4° de la R.G. 271/95, ha sido modificado por la R.G. 290/97, de Agosto de 1997, que eleva el requisito del patrimonio neto mínimo exigido a la suma de U$S 1.000.000,- para el caso de las entidades que se inscriban como fiduciarios financieros, manteniendo el resto de los requisitos exigidos para los fiduciarios comunes u ordinarios.-

Y los beneficiarios, son los titulares de certificados de participación en el dominio fiduciario, o de títulos representativos de deuda garantizados con los bienes así trasmitidos.-
El tipo contractual es una novedad, y su denominación es autóctona, aún cuando sustancialmente responde a los contratos de fideicomiso utilizados para la inversión en la oferta pública.-
Como vemos, la ley caracteriza al fideicomiso financiero como un subtipo dentro de la figura del fideicomiso.-
Entonces, tenemos que el fideicomiso financiero, es un contrato de fideicomiso cuyas características esenciales son:

1) El fiduciario es:
a) Una entidad financiera.
b) Una sociedad especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores (R.G. N°. 271/95, Arts. 3 y 4, modif. por R.G. N°. 290/97 y 296/97)

2) Los beneficiarios son:
a) Titulares de certificados de participación.
b) Titulares de títulos representativos de deuda.

No nos cabe duda que el fideicomiso financiero ya está produciendo rápidos y favorables resultados en la economía argentina, al permitir la incorporación a ella de capitales que habitualmente, o por lo menos hasta la sanción de la ley, habían permanecido fuera de circulación por falta de las “herramientas” legales que les posibilitaran el acceso al mercado de capitales, con un mayor grado de seguridad.-
Aparte de un posible y previsible flujo de capitales extranjeros, se advierte ya el flujo de capital proveniente de los pequeños ahorristas que antes no tenían posibilidad de acceder a las inversiones de bolsa y que, ahora, con este nuevo instrumento, pueden acceder a tales operaciones a través de los fondos comunes de inversión.-
En efecto, merced a los fondos comunes de inversión, un pequeño ahorrista, con un capital de hasta $ 1.000,- (Un mil pesos), puede acceder a inversiones en la bolsa, compra de títulos, acciones, etc., por supuesto, siempre con su cuota parte correspondiente en esa inversión.-
Es lo que veremos cuando mencionemos los ejemplos prácticos referidos a esta institución, en el punto VIII.-
Lo que atrae de este contrato, y da seguridad a los inversores, es la “aislación” del patrimonio fideicomitido, ya que el mismo se trasmite en propiedad fiduciaria al fiduciario, con todos los caracteres propios de este tipo de propiedad.-
Es decir que el patrimonio fideicomitido, no puede ser atacado por los acreedores del fiduciante, por acciones individuales ni colectivas, salvo dolo, por supuesto (Art. 15 de la ley).-
Tampoco puede ser agredido por los acreedores del fiduciario (Art. 15 de la ley).-
Es decir que el patrimonio fideicomitido constituye una especie de “burbuja”, ajeno a los avatares y vaivenes que puedan sufrir el patrimonio del fiduciante y del fiduciario (Art. 14 de la ley: “Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del fiduciante...”).-

II - Objeto.

El “fideicomiso financiero”, tiene por objeto, por medio de un fiduciario profesional (entidad financiera o sociedad autorizada por la Comisión Nacional de Valores), emitir o garantizar con bienes fideicomitidos, títulos representativos de deuda o certificados de participación en el dominio fiduciario de los bienes.-
Aún cuando actúe como emisor de títulos representativos de deuda, lo deberá hacer con respaldo o garantía de bienes fideicomitidos (hipotecas, prendas y otros bienes).-
Dichos títulos, por previsión expresa del Art. 19, serán considerados títulos-valores, y podrán ser objeto de oferta pública.-

III - El tema de la securitización.

Entre el fideicomiso financiero y los fondos comunes de inversión existen grandes puntos de contacto. Ambas instituciones sirven a la técnica de “titulización”, y de ambas se ocupa la ley de fideicomisos .-

- La securitización, que es sinónimo de “titulización”, es el proceso a través del cual los bancos y otras entidades financieras pueden vender o financiar activos transformándolos en instrumentos del mercado de capitales, con mayor liquidez y menor riesgo.
- También resulta necesario analizar el contexto donde la titulización cumple su destino: los Mercados de Capitales. “Los Mercados de Capitales son el ámbito económico donde finalmente se transan los títulos-valores producidos por la titulización de activos... También llamado mercado de valores, es la vía financiera por la cual las empresas y el Estado forman capitales a mediano y largo plazo, con el objeto de financiar sus actividades. Tanto el mercado de capitales como los demás mercados de dinero, como el bancario, conforman el sistema financiero que moviliza los ahorros y asigna el crédito a través de los diversos canales (bancos, financieras, fondos de pensión, sociedades de bolsa, agentes de mercado, etc.). Los instrumentos por excelencia, dentro del mercado de capitales son las acciones, los títulos de deuda -pública y privada- las cuotapartes de fondos y los contratos de futuros y opciones” .-

Los beneficios que se persiguen con la titulización, son:
- Transformar en ganancia presente los flujos de fondos futuros.
- Abaratar el costo de financiamiento de las empresas.
- Disminuir y dispersar el riesgo.
- Ampliar el acceso a fondos.
- Disminuir el costo de los fondos.

Este mecanismo, tiende a separar distintas relaciones jurídicas:
a) La compraventa que da motivo a cada operación.
b) El préstamo otorgado al comprador para que pague el precio.
c) La garantía real que ampara al crédito del prestamista.
d) La cesión del crédito y su garantía por el prestamista, a título fiduciario.
e) La titulización, para que inversores adquieran el derecho a la cobranza, en forma directa o eventual, mediante la suscripción de títulos valores, que integran en dinero.-

IV - Análisis de la operación.

Analizaremos cómo se realiza una inversión afectada a securitización:
1) Celebración del contrato originario por una institución bancaria, por ejemplo una compraventa con saldo de precio o un mutuo, garantizados con hipoteca en primer grado sobre un inmueble.
En este paso, existe el contrato, de compraventa o de mutuo, y el otorgamiento de hipoteca en garantía.
Contractualmente, el acreedor es el banco con cuya actuación se ha generado la operación. Deudor es el adquirente o sujeto pasivo del mutuo.
El asiento registral reflejará la existencia de la hipoteca y la causa de la misma (compraventa o mutuo).

2) La institución bancaria, acreedora del crédito, cede el mismo a un fondo común de inversión, o a un fondo fiduciario. El crédito se trasmite a la sociedad depositaria.
Contractualmente, se ha celebrado un contrato de cesión de crédito, que tiene como consecuencia la trasmisión de la garantía hipotecaria.
Respecto de los efectos de la cesión ante terceros, deberá practicarse la notificación al deudor cedido (Art. 1459 Cód. Civil).
Registralmente se producirá la anotación de la cesión de crédito, con la constancia en el asiento respectivo de la afectación del mismo a dominio fiduciario, según el Decreto N°. 2088/93.

3) El Fondo Común de Inversión, integrado por la sociedad gerente y la sociedad depositaria emite:
a) títulos valores representativos de deuda.
b) certificados de participación.
Celebra con inversores un nuevo contrato de inversión financiera. En este nuevo contrato, que ya no es el originario crédito, que ahora es de titularidad fiduciaria del Fondo Común de Inversión, se determinan los derechos del titular del título valor, o del cuotapartista.-
Se trata de un nuevo contrato, pues el crédito originario ya no se trasmite al titular del título valor o cuotapartista.
El Fondo Común de Inversión emite una constancia que instrumenta este nuevo contrato.-
No existe una cesión del crédito a los tenedores de títulos valores o cuotapartistas.
El título valor, o certificado de participación, en realidad es una simple exteriorización instrumental del contrato de inversión celebrado entre el Fondo Común de Inversión y los inversores (tenedores de títulos valores o cuotapartistas).-
Dichos instrumentos (título valor o certificado), sólo reflejan el grado de titularidad de los inversores, respecto a la masa global de activos que integran el patrimonio afectado al Fondo Común de Inversión.-
Por ello es que no se exige, para emitir estos documentos, notificación alguna, ni constancia registral, pues la titularidad del crédito sigue permaneciendo en el Fondo Común de Inversión.-
La hipoteca, lógicamente, conserva su accesoriedad con el crédito principal, o sea que sigue la suerte del crédito principal, garantizando el crédito de titularidad del fiduciario.-

V - Certificados de participación en el dominio fiduciario o títulos representativos de deuda.

La ley introduce una nueva especie en nuestro régimen: los certificados de participación fiduciaria, como una especie más dentro de la categoría de títulos-valores.-
El Art. 19 de la ley habla de certificados de participación en el dominio fiduciario o de títulos representativos de deuda garantizados con los bienes fideicomitidos.-
Y les otorga a dichos certificados de participación y títulos de deuda el carácter de títulos valores.-
El Art. 21 de la Ley dice: “Los certificados de participación serán emitidos por el fiduciario. Los títulos representativos de deuda garantizados por los bienes fideicomitidos podrán ser emitidos por el fiduciario o por terceros...”
La Ley de Títulos y Operaciones de Crédito de Méjico legisla sobre los certificados de participación fiduciaria. Estos títulos atribuyen:
a) el derecho a una parte alícuota de los puntos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable para ese propósito la sociedad fiduciaria que los emita;
b) el derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de esos bienes, derechos o valores;
c) el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores.-
En síntesis, el tenedor de un certificado de participación fiduciario tiene derecho:
a) a los rendimientos;
b) a una cuota de propiedad; y
c) a los rendimientos y a una cuota del importe de venta.-
Los certificados fiduciarios no atribuyen un derecho de condominio sobre los bienes y rentas del fideicomiso, sino derechos personales o creditorios para exigir una cuota de condominio o su valor.-
Se diferencian de los certificados de participación de copropiedad sobre muebles o inmuebles (tiempo compartido), precisamente en este aspecto.
En los certificados de participación fiduciaria, la relación con la cosa o el bien es indirecta, el fiduciario es el propietario, mientras que en los certificados de participación de copropiedad sobre inmuebles la relación es directa.-
Los certificados de copropiedad (tiempo compartido) incorporan derechos reales; los certificados fiduciarios incorporan derechos de crédito.-
Estos certificados son análogos a las cuotapartes de un fondo común de inversión, más precisamente de una especie de los llamados “títulos de participación”.-
Los certificados de participación y títulos representativos de deuda, emitidos por el fiduciario o por terceros en el último caso, podrán ser objeto de oferta pública.
Por esa razón, la ley designa a la Comisión Nacional de Valores como autoridad de aplicación, con facultades reglamentarias respecto de los fideicomisos financieros.-
La reglamentación ha sido dictada a través de la Resolución General N°. 271/95 de la Comisión Nacional de Valores, modificada por la R.G. N°. 290/97.-
Según lo previsto en el art. 19 de la ley, beneficiarios del fideicomiso son los titulares de certificados de participación en el dominio fiduciario o de títulos de deuda garantizados con los bienes trasmitidos en ese carácter.-
A su vez, de acuerdo al Art. 20 de la ley, el fiduciario se encuentra autorizado a emitir certificados de participación en el dominio fiduciario, o títulos de deuda u obligaciones negociables garantizados con los bienes fideicomitidos.-
Mas aún, la ley autoriza que títulos de deuda emitidos por terceros sean garantizados con bienes fideicomitidos.-
Este es el caso de un emisor de obligaciones negociables que podría mejorar la calidad del título afectando como garantía de pago créditos hipotecarios existentes en su activo.-
Esos créditos son cedidos al fiduciario, en una verdadera propiedad fiduciaria, quien a su vez percibirá la cobranza y hará el pago de los servicios de la deuda hasta su cancelación.
El emisor sería, por estipulación en el contrato de fideicomiso, fideicomisario residual, cobrando del fiduciario el saldo de cuotas hipotecarias que venzan después de pagadas las obligaciones negociables garantizadas.-
El Art. 21 de la ley adopta, para los certificados de participación y los títulos representativos de deuda, el contenido del Art. 8 de la Ley 23.576 de Obligaciones Negociables.-
Esos títulos valores podrán ser entonces:
1) al portador o nominativos;
2) endosables o no, o
3) escriturales, es decir que no se representen en títulos sino que se inscriban en cuentas que se anoten en el registro de la sociedad emisora, banco o caja de valores.
El Art. 8 de la L.O.N. remite sobre este particular al art. 31 de la misma ley, que contiene el régimen aplicable a las obligaciones negociables escriturales.-
Según el art. 31 de la L.O.N., en las condiciones de emisión de las obligaciones negociables se puede prever que ellas no se representen en títulos. La ley prevé así la posibilidad de desmaterialización de los títulos fiduciarios. En tal caso deben inscribirse en cuentas llevadas a nombre de sus titulares en un registro de obligaciones negociables escriturales por la emisora, bancos comerciales o de inversión o cajas de valores.-
La calidad de obligacionista se presume por las constancias de las cuentas abiertas en el registro de obligaciones negociables escriturales.-
Según el art. 21 de la ley, los certificados de participación deberán ser emitidos sobre la base de un prospecto, en el cual constarán las condiciones de la emisión y contendrá las enunciaciones necesarias para identificar el fideicomiso a que pertenecen, con somera descripción de los derechos que confieren.-
Como vemos, con el sistema adoptado por la ley, remitiéndose a la Ley de Obligaciones Negociables, se potencia la versatilidad de la negociación de los títulos por medio de un sistema más simplificado y veloz de transferencia de títulos mediante asientos en la Caja de Valores.-

VI - La Reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. Las R.G. 271/95; R.G. 290/97 y R.G. 296/97.

La Resolución General N°. 271/95, además de contener en su Art. 1° la definición de fideicomiso financiero;
en el Art. 3° la enumeración de quienes podrán actuar como fiduciarios financieros; y
en el Art. 4° la creación del Registro de Fiduciarios Financieros, como hemos visto precedentemente,en su Art. 2° establecía que “el Fideicomisio Financiero podrá constituirse por acto unilateral, en el cual coincidan las personas del fiduciante y del fiduciario, cuando se solicite autorización de oferta pública de los certificados de participación en el dominio de los bienes trasmitidos, o de los títulos-valores representativos de deuda garantizados con los bienes fideicomitidos”.-
Esta norma es extraña a los principios de nuestro Código Civil y de la propia Ley 24.441.-
Si bien se argumentaba que la Ley 24.441 no prohíbe la constitución del fideicomiso por acto unilateral, en el Art. 1°, cuando define al fideicomiso, en dicha definición presupone la existencia de dos personas.-
La ley habla claramente de la trasmisión de la propiedad “a otro”, del fiduciante al fiduciario.-
Por lo tanto, consideramos que la R.G. 271/95, había excedido sus facultades reglamentarias con este artículo.-
Esto, por cuanto consideramos que para la formación del contrato de fideicomiso, es necesaria, por lo menos, la existencia de dos partes: El fiduciante y el fiduciario.-
Consideramos que esta norma reglamentaria introducía confusión, y fue motivo de conflictos, por lo cual fue sustituída por la R.G. N°. 290/97.-
La nueva reglamentación (R.G. N°. 290/97) recoge la regulación del fideicomiso en el Libro III, Capítulo XI, N°. 4.1. Y en el punto 4.1.1.2., artículo 3°, establece la prohibición de constituir fideicomisos unilaterales y otorga un plazo hasta el 1° de julio de 1998 para proceder a la sustitución del fiduciario, salvo que el plazo del fideicomiso fuere menor.-
Por la R.G. N°. 296/97 de la C.N.V., se modifica la R.G. 290/97 en el sentido de que permite continuar los fideicomisos unilaterales actualmente existentes, hasta el vencimiento de los plazos de duración por los cuales fueron autorizados bajo la vigencia de la R.G. 271/95. Pero, en los casos en que se hubieran autorizado programas que previeran la emisión de series futuras de títulos valores fiduciarios, las series no emitidas resultan alcanzadas por la prohibición.-
Al mismo tiempo que prohibió el fideicomiso unilateral, la nueva regulación de la Comisión Nacional de Valores (R.G. N°. 290/97) prescribe que el fiduciario y el fiduciante -cualquiera sea el tipo de fideicomisos- no pueden tener accionistas comunes que posean en conjunto el 10% o más del capital del fiduciario y del fiduciante o de las entidades controlantes del fiduciario o del fiduciante. Además, el fiduciario tampoco podrá ser sociedad vinculada al fiduciante o accionista que posea más del 10% del capital del fiduciante (Art. 8).-

VII - La insuficiencia del patrimonio fideicomitido.

La ley 24.441 contiene dos regímenes diferenciados para dar respuesta al problema que se plantea cuando el patrimonio fideicomitido resulta insuficiente para responder por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso:
a) En el régimen, que llamaremos común u ordinario, del fideicomiso, la insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a las obligaciones fiduciarias, no dará lugar a la declaración de su quiebra, es decir, del patrimonio autónomo o separado, y, obviamente del fiduciario que lo detenta.-
En tal supuesto, se procederá a su liquidación, la que estará a cargo del fiduciario, quien deberá enajenar los bienes que lo integren y entregará el producido a los acreedores conforme al orden de privilegios previsto para la quiebra, según el art. 16 de la Ley.-
Si se tratara de un fideicomiso financiero, según lo establece el propio art. 16, regirán en lo pertinente las normas del art. 24.-

b) En el fideicomiso financiero, según lo previsto en el art. 23 de la ley, en caso de insuficiencia del patrimonio fideicomitido, si no hubiere previsión contractual, el fiduciario citará a asamblea de tenedores de títulos de deuda, la que se notificará mediante la publicación de avisos en el “Boletín Oficial” y un diario de gran circulación del domicilio del fiduciario, la que se celebrará dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de la última publicación, a fin de que la asamblea resuelva sobre las normas de administración y liquidación del patrimonio.-

Según el art. 24, las normas de administración y liquidación del patrimonio fideicomitido resueltas en la asamblea de beneficiarios de títulos de deuda, podrán prever:
a) La transferencia del patrimonio fideicomitido como unidad a otra sociedad de igual giro; es decir a otra fiduciaria financiera, obviamente;
b) Las modificaciones del contrato de emisión, las que podrán comprender la remisión de parte de las deudas o la modificación de los plazos, modos o condiciones iniciales;
c) La continuación de la administración de los bienes fideicomitidos hasta la extinción del fideicomiso;
d) La forma de enajenación de los activos del patrimonio fideicomitido;
e) La designación de aquél que tendrá a su cargo la enajenación del patrimonio como unidad o de los activos que lo conforman;
f) Cualquiera otra materia que determine la asamblea relativa a la administración o liquidación del patrimonio separado.-
Esta enumeración es meramente enunciativa, ya que en esta materia rige el principio de libertad de la voluntad asamblearia en lo que hace a la administración o liquidación del patrimonio separado, siempre que no se afecte derechos de terceros.-
La asamblea de tenedores de títulos de deuda se considerará válidamente constituída cuando estuviesen presentes tenedores de títulos que representen como mímino dos terceras partes del capital emitido y en circulación.-
Si no hubiese quórum en la primera citación, se deberá citar a una nueva asamblea, dentro de los treinta días siguientes; ésta se considerará válida con los tenedores de títulos que estén presentes.-
Los acuerdos deberán ser adoptados con el voto favorable de títulos que representen a lo menos la mayoría absoluta del capital emitido y en circulación.-

VIII - EJEMPLOS PRÁCTICOS.

Un ejemplo práctico de lo que venimos explicando, lo constituye el lanzamiento o emisión de bonos por parte de las provincias argentinas, a partir de la sanción de la Ley 24.441.-
A este respecto, una revista especializada, comenta:
“La movida de las provincias hacia el mercado de capitales es muy reciente. Tiene su origen en 1995, cuando una vez superada la crisis desencadenada por el efecto “Tequila”, se sancionó la Ley 24.441, que regula el fideicomiso financiero. A partir de esta figura legal comenzaron a aparecer instrumentos que permitieron a los gobiernos provinciales, -racionalización y cuentas claras mediante-, obtener una nueva fuente de financiamiento”
Por supuesto, la primera provincia que recurrió a este sistema, fue la provincia de Buenos Aires, por la magnitud de las sumas de dinero que maneja, al ser la más extensa y rica de las provincias. Pero luego le han seguido otras provincias.-
Y allí, la publicación mencionada da el ejemplo del título emitido por la Provincia de Mendoza, por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES (U$S 150.000.000,-) a seis años y destinado a refinanciar sus deudas, garantizado por regalías petroleras que se asignan en forma irrevocable a un fideicomiso, cuyos beneficiarios son los tenedores de los bonos.-
La Municipalidad de Guaymallén, se convirtió en diciembre del año pasado (1996) en la municipalidad pionera en la materia. El gobierno comunal emitió Títulos de Obras Públicas Municipales (TOM) por U$S 1 millón (el programa es por U$S 3 millones, en tres series de U$S 1 millón cada una), a cinco años, con garantía de Títulos Públicos (BOTE 3), y vencimiento de amortización e intereses cada seis meses.-
La estructura del flujo de fondos, así como la calidad del activo subyacente, le merecieron una calificación “AAA” (triple A) de la consultora Standard & Poor’s.-
Luego le ha seguido la municipalidad de San Carlos de Bariloche, que emitió un Título por U$S 1 millón a tres años, con el BANSUD como fiduciario.-
Si bien la Argentina está muy lejos de lo que ocurre en mercados como el norteamericano, donde las cotizaciones de los bonos municipales aparecen cotidianamente en los diarios, tanto las calificadoras como los bancos opinan que ya está emergiendo una tendencia alentadora, de la mano de la legislación del contrato de fideicomiso financiero.-
Ello se advierte del hecho de que municipalidades como las de Mar del Plata y Río Cuarto se hallan en pleno proceso de armado de sus propios títulos, a la fecha de este trabajo, Agosto de 1.997.-



FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN.

Un Fondo Común de inversión se forma cuando un grupo de personas, con similares objetivos de inversión, en lugar de invertir por su propia cuenta, colocan su dinero en forma conjunta y designan a un profesional para que lo administre.-
Esto los transforma en grandes inversores institucionales que canalizan la inversión de pequeños y medianos ahorristas en carteras diversificadas de activos: valores mobiliarios con oferta pública, metales preciosos, divisas, derechos y obligaciones derivados de operaciones futuras y opciones e instrumentos financieros autorizados por el B.C.R.A. y dinero. En la subespecie de fondos comunes cerrados con objetos especiales de inversión el haber se halla integrado por conjuntos análogos u homogéneos de activos o derechos creditorios .-
A través de estos instrumentos, con muy poco dinero, se puede ser accionista de grandes empresas como Perez Companc o Banco de Galicia, o comprar Obligaciones Negociables o bonos estatales en pesos o en dólares. Y no es necesario que el inversor siga la pista a estas inversiones, pues la sociedad que administra el fondo lo hace por el inversor.-
Además, este mecanismo de inversión es uno de los más seguros que existe en el mercado, ya que no obstante que no cuentan con ningún régimen de garantía, ningún ahorrista ha dejado de cobrar en los más de 35 años de vida que tiene este instrumento en nuestro País .-
Esto se debe a la estructura de funcionamiento, que prevé la separación entre la sociedad gerente y la sociedad depositaria, lo que otorga una mayor seguridad que los propios plazos fijos.-
En efecto, los bancos pueden caer, pero sus fondos de inversión continúan funcionando, como ha ocurrido, por ejemplo, con el Fondo del Banco Alas. Por otra parte, en los Fondos de Plazo Fijo, como invierten su cartera en depósitos en distintos bancos de primera línea, se produce una diversificación que da como resultado un menor riesgo que un plazo fijo en un solo banco .-
Precisamente, como lo destacan Bollini Shaw y Boneo Villegas, esta modalidad de ahorro fue creada a fin de distribuir los riesgos de las colocaciones de dinero en la bolsa. Esta distribución de riesgos consiste en la adquisición de acciones de sociedades solventes que operan en distintos ramos, de tal manera que cuando alguna de las sociedades cuyas acciones detenta el fondo llega a bajar en su cotización, porque ese tipo de industria no está favorecida en ese momento, se compensa con las colocaciones que tiene en otras industrias que puedan estar florecientes .-
En lo que respecta a las colocaciones en dinero, la diversificación se produce mediante la inversión de dinero tanto a plazo fijo o en caja de ahorro de distintos bancos nacionales y extranjeros de primera línea.-
Con la sanción de la Ley 24.083 y las modificaciones que le introdujo la Ley 24.441, se ha estructurado un sistema a la manera de los sistemas mundialmente aceptados para estos mecanismos, que consiste en una desvinculación de los aportes, que forman una masa independiente. Se convierte en una copropiedad indivisa, en la que la dirección, representación y gestión está a cargo de una sociedad llamada “gerente”; y la guarda y depósito de valores que integran la cartera, en otra sociedad denominada “depositaria”.-
Reiterando lo expresado precedentemente sobre la seguridad de este tipo de fondos, Francisco Susmel, citado por Lisoprawski, decía:
“Aún en los años de la década de 1970 y principios de la siguiente, caracterizada por la liquidación de bancos, y consecuente secuela de conflictos respecto de la garantía de los depósitos, no hubo ahorrista que se viera perjudicado con este esquema jurídico. Tanto fue así, que áun aquellos bancos que fueron liquidados transfirieron la cartera que tenían por cuenta del fondo, a otro depositario, proveyendo así a la continuidad del sistema sin mayores consecuencias".-

Para dar una idea de la magnitud de las inversiones que se canalizan a través de los Fondos Comunes de Inversión, analizaremos la evolución de las cifras en nuestro País, desde 1.975, a la fecha:

Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados en nuestro País por la Ley 24.083 y su Decreto Reglamentario N°. 174/93, del 8/2/93, con las modificaciones introducidas por la Ley 24.441.-

1. Concepto: El Art. 1° de la Ley 24.083 los define de la siguiente forma: “Se considera fondo común de inversión al patrimonio integrado por valores mobiliarios con oferta pública, metales preciosos, divisas, derechos y obligaciones derivados de operaciones de futuro y opciones, instrumentos emitidos por entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina y dinero pertenecientes a diversas personas a las cuales se les reconocen derechos de copropiedad representados por cuotapartes cartulares o escriturales. Estos fondos no constituyen sociedades y carecen de personería jurídica”.-
La Ley 24.441, mediante su Art. 78 inc. a, agregó dos párrafos a este artículo 1° de la Ley 24.083, complementando la definición con la reglamentación de los fondos comunes de inversión de activos reales y creditorios, de la siguiente forma:
Ley 24.441, Art. 78 inc. a: “Los fondos comunes que se constituyan con una cantidad máxima de cuotapartes de acuerdo con el art. 21 de esta ley, podrán tener objetos especiales de inversión e integrar su patrimonio con conjuntos homogéneos o análogos de bienes, reales o personales, o derechos creditorios con garantías reales o sin ellas de acuerdo con lo que disponga la reglamentación del órgano de fiscalización previsto en el art. 32 de esta ley (C.N.V.)”.
“Los fondos comunes de inversión podrán emitir distintas clases de cuotapartes con diferentes derechos. Las cuotapartes podrá dar derechos de copropiedad de acuerdo con lo previsto en el primer párrafo de este artículo y también podrán emitirse cuotapartes de renta con valor nominal determinado y una renta calculada sobre dicho valor cuyo pago estará sujeto al rendimiento de los bienes que integren el haber del fondo”.-

2. Organización jurídica del F.C.I.

Conforme lo iremos desarrollando, la organización del fondo estaría dada de la siguiente forma:

1) Creación del F.C.I., a iniciativa conjunta de las sociedades gerente y depositaria (acuerdo de creación), y redacción del Reglamento de Gestión
2) Vinculación de los inversores, mediante la suscripción de cuotapartes, lo que implica la adhesión de pleno derecho al Reglamento de Gestión acordado por las sociedades gerente y depositaria (Art. 12, L.F.C.I.), y la adquisición del carácter de condómino sobre los activos del fondo (Art. 1, L.F.C.I.).-
3) Desarrollo y gestión del F.C.I.: La sociedad gerente se encarga de la administración, management, del fondo, y la sociedad depositaria de la custodia de los activos y del control de la gestión (Arts. 3 y 14, L.F.C.I.), siempre bajo la fiscalización de la C.N.V. (Art. 32, L.F.C.I.).-
4) Autorización para funcionar y control permanente de la Comisión Nacional de Valores.-

3. Evolución histórica.

Los fondos comunes de inversión (F.C.I.), como mecanismos de inversión colectiva, surgen en nuestro País a partir de 1946, con motivo de la desaparición de las cédulas hipotecarias, como consecuencia de la reforma bancaria de esa época.-
Posteriormente, se dictó la ley 15.885, y su decreto reglamentario N°. 11.146/62, significaron un importante avance al incorporar el régimen jurídico de los fondos comunes de inversión, como un patrimonio indiviso separado, donde se hace realidad el principio de dispersión del riesgo.-
Luego de casi treinta años de financiamiento sin mayores sobresaltos, se “aggiornó” el sistema con la Ley 24.083, fortaleciendo los F.C.I. como grandes inversores institucionales, al permitir la mayor diversidad de activos en los que la sociedad gerente puede canalizar la inversión de los cuotapartistas, ya que agregó: metales preciosos, divisas, derechos y obligaciones derivados de operaciones futuras y opciones, e instrumentos emitidos por entidades financieras .-
Posteriormente, se modificó esta legislación, con la Resoluciones Generales N°. 237 y 238 de la C.N.V., y mediante la Ley 24.441, y este es el marco legal actual en que se desarrolla la actividad actual de los F.C.I.-


4. Naturaleza jurídica del F.C.I. - Teorías.

Vamos a analizar la naturaleza jurídica de los F.C.I., a fin de desentrañar esta figura jurídica novedosa.-
La clave del éxito que hemos mencionado de este tipo de figura jurídica, consiste, básicamente, en que los bienes en los cuales invierte el fondo, constituyen una mera cuenta de orden, no integran el activo de la depositaria ni de la gerente, y, por lo tanto, no entran en la masa de la liquidación o quiebra de los órganos del fondo.-
Es el patrimonio “aislado” del que hemos venido hablando, y que también caracteriza al Fideicomiso.-
En este aspecto, los F.C.I. son un verdadero híbrido en nuestro derecho. El fondo común de inversión no es una persona jurídica, sino un “haber” separado, del que hay varios copropietarios respecto de los beneficios, resultados y liquidación del fondo, que son los tenedores de las cuotapartes. Se trata de un supuesto de autonomía patrimonial, que trataremos de analizar seguidamente:
Según Máximo Bomchil, los bienes que integran los fondos de inversión contractuales constituyen una masa de bienes indivisos, de la cual la gestión reviste el carácter de común, sin que exista división material de las cuotapartes. El autor prefiere el término “indivisión” con preferencia al de “copropiedad”, advirtiendo que indivisión es el género, y copropiedad es una especie de ese género .-
Más recientemente, Paolantonio califica el derecho de los cuotapartistas como derecho de condominio, aunque no tal como está concebido en nuestro Código Civil, sino sujeto a las reglas de la legislación específica de fondos comunes de inversión; y al patrimonio del fondo, como patrimonio especial o separado, más precisamente “patrimonio colectivo” de los inversores .-

Nuestra Ley de F.C.I. se enrola dentro del modelo condominial respecto de la naturaleza jurídica de los Fondos Comunes de Inversión.-
Esta teoría le niega a los fondos comunes de inversión la personalidad jurídica, y reconoce a los inversores un derecho de condominio o copropiedad en el haber del fondo.-
El Art. 1 de la Ley, como vimos, establece: “Se considera fondo común de inversión al patrimonio integrado por valores mobiliarios con oferta pública, metales preciosos, divisas, derechos y obligaciones derivados de operaciones de futuro y opciones, instrumentos emitidos por entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina y dinero, pertenecientes a diversas personas a las cuales se les reconocen derechos de copropiedad representados por cuotapartes cartulares o escriturales. Estos fondos no constituyen sociedades y carecen de personería jurídica”.-
En esta orientación, seguida por nuestra ley, se encuentran enroladas también las legislaciones de España, Italia, Francia y Chile.-
La disposición legal del Art. 1 de la L.F.C.I. es tan clara que no admitiría discusiones acerca de la naturaleza jurídica de los F.C.I.; no obstante lo cual han surgido distintas posiciones doctrinarias al respecto.-
La discusión sobre la naturaleza jurídica de los F.C.I. implica individualizar la exacta relación jurídica existente entre el fondo y los participantes.-
Estas teorías pueden clasificarse así:
a) Teorías condominiales, las que explican y subsumen a los F.C.I., aún a falta de una expresa referencia legislativa, como una copropiedad o condominio indiviso, tal el caso de nuestra ley.-
b) Teorías que explican la naturaleza jurídica de los F.C.I. en el marco de una propiedad indivisa no condominial.-
c) Teorías que asignan la propiedad del haber del fondo a la sociedad gerente o administradora, normalmente en carácter fiduciario o de propiedad funcional.-
d) Teorías que consideran al fondo común como un sujeto de derecho -en tanto centro de imputación jurídica- pero sin personalidad jurídica.-
e) Teorías que consideran al fondo como un patrimonio separado, sin sujeto o titular.-

Las doctrinas sintetizadas precedentemente, como las distintas legislaciones que regulan -no sin variantes- el modelo condominial, parten de tres consideraciones básicas que exceden el plano estrictamente jurídico, y que explicitan sus presupuestos:
a) La falta de un marco legal adecuado o su lisa y llana incompatibilidad con la figura del trust anglosajón o nuestro fideicomiso.-
b) La necesidad de que los activos del fondo sean inmunes a los acreedores de las personas que actúan como sus órganos -la sociedad gerente y la sociedad depositaria-, formando en todos los casos un patrimonio separado o de afectación.-
c) La necesidad -que es en rigor una condición de viabilidad económica- de que el F.C.I. sea, desde el punto de vista fiscal, un sujeto exento o neutro, evitándose así una doble tributación .-

No obstante que la recepción por nuestra doctrina de la teoría condominial ha sido unánime, y prácticamente sin observaciones ni críticas, atento el texto claro y expreso de la ley (Art. 1°, L.F.C.I.), Paolantonio ha efectuado algunas observaciones que resulta interesante analizar:
a) Respecto de la existencia del derecho real de dominio sobre los activos del fondo y su titularidad, ha dicho: Esta cuestión tiene en nuestra ley una clara definición, puesto que expresamente determina que el F.C.I. es un condominio indiviso cuyos titulares son los cuotapartistas.-
No obstante ello, observa Paolantonio que si el condominio es un derecho real de dominio de sujeto plural, conforme lo define el Art. 2673 del Cód. Civil, los titulares del condominio deberían, con mayor o menor extensión, poder ejercer las facultades que corresponden, según el Art. 2513 del Código Civil, al dóminus: usar, gozar y disponer de la cosa.-
Sin embargo, tales facultades son prácticamente inexistentes: los inversores o cuotapartistas no tienen poderes jurídicos o de hecho sobre el activo del fondo, los que legalmente corresponden a la sociedad gerente.-
Citando a un autor italiano , puntualiza que el fondo no es, técnicamente, objeto de una copropiedad de derecho común, ya que ninguna de las situaciones jurídicas características del condominio es aplicable:
- Los participantes del fondo no participan en la administración, íntegramente correspondiente a la sociedad de gestión.
- No son personalmente responsables de las obligaciones inherentes a la negociación de los títulos, que corresponde en nombre propio a la sociedad gerente o de gestión.
- No pueden reclamar la división del fondo, sino solamente el rescate de sus cuotas;
- Los acreedores no pueden accionar sobre los activos del fondo, lo que también es una diferencia respecto del régimen condominial general.
Entonces, concluye Paolantonio preguntándose ¿cuál es la utilidad de la referencia legal al régimen condominial?
Y se responde diciendo que la referencia legal carece de efectos prácticos y sólo se trata de una remisión con efectos más ilustrativos que normativos, cuyo único mérito radica en separar con claridad el patrimonio del fondo de las sociedades que actúan como sus órganos.-
Y la conclusión a la que arriba es que, se trata de un derecho de condominio por expresa sanción de la ley, pero en definitiva el régimen condominial no se derivará de lo dispuesto por el Código Civil, sino por las reglas de la L.F.C.I., legislación reglamentaria y cláusulas del reglamento de gestión, lo que deja vacía de contenido a la definición legal, que bien podría haberse evitado.-


5. Clases de Fondos Comunes de Inversión.

Los Fondos Comunes de inversión pueden ser:
a) F.C.I. abiertos o “clásico”; y
b) F.C.I. cerrados, cuya principal modalidad es la del Fondo Común Cerrado de Crédito (F.C.C.D.C.).

a) Los Fondos Comunes de Inversión Abiertos son aquellos en los que los cuoapartistas pueden suscribir nuevas cuotapartes, o ingresar nuevos cuotapartistas, o pedir su rescate sin restricciones. Es decir que el número de cuotapartes es típicamente variable.-
b) Los Fondos Comunes de Inversión cerrados son aquellos que se constituyen con una cantidad máxima de cuotapartes, las que, una vez colocadas, no podrán ser rescatadas hasta la disolución del fondo o la finalización del plan de inversiones determinado en el Reglamento de Gestión del Fondo, y su liquidez deviene de la oferta pública que caracteriza a estos títulos (Arts. 21 y 22 L.F.C.I.; y Art. 15 del Decr. Reglamentario).-
Dentro de los Fondos Comunes de Inversión Cerrados, analizaremos los Fondos Comunes Cerrados de Créditos, como la principal modalidad, y especialmente por su relación con la securitización.-
Precisamente a través de este tipo de fondos comunes de inversión se introdujo la securitización en nuestro País. De ahí su importancia, y la relación con el tema del fideicomiso, al constituir uno de los principales vehículos de la titulización o securitización.-


5.1. Objeto de la inversión. Integración del porta folio de inversión.

El objeto de inversión de los fondos comunes de inversión es muy amplio. La Ley 24.083, de Fondos Comunes de Inversión, amplió el objeto de inversión, ya que la ley anterior lo limitaba únicamente a los valores mobiliarios con oferta pública y dinero.-
La ley de Fondos Comunes de Inversión, en su Art. 1° establece que el patrimonio del fondo puede estar integrado por:
- valores mobiliarios con oferta pública;
- metales preciosos;
- divisas;
- futuros y opciones;
- instrumentos emitidos por entidades financieras autorizadas por el B.C.R.A.; y
- dinero.

Con esta modificación, la L.F.C.I. actualizó los fondos comunes nacionales, adecuándolos a la tendencia internacional a expandir el espectro de inversiones .-

Integración del portafolio de inversión.

La sociedad gerente, cumpliendo con el Reglamento de Gestión, puede invertir en distintos activos, detallados en el Art. 1° de la L.F.C.I.. Esto es lo que se llama el portafolio de inversión.-
Estas inversiones pueden estar constituídas por activos que impliquen riesgos casi nulos, hasta la alta volatilidad.-
Por ello es que los Fondos Comunes de Inversión cubren una amplia gama de posibilidades, y pueden satisfacer desde el inversor más conservador, hasta el más arriesgado.-
Obviamente, hay una relación directa entre riesgo y ganancia: A más riesgo, mayor posibilidad de ganancias; y a menos riesgo, menor posibilidad de ganancias.-
Así vemos que una política agresiva de inversión, implica un alto riesgo, pero también rendimientos más elevados.-
En cambio, una política conservadora de inversión implica un menor riesgo, pero también rendimientos más bajos.-
Esto se ve reflejado en el siguiente cuadro:

A su vez, por la integración que tenga el portafolio de inversión, los fondos también pueden ser clasificados, de acuerdo a las políticas de inversión:
Así, los fondos de Acciones, es decir que invierten en acciones, son los que otorgan mayores posibilidades de rendimiento, pero son también los que entrañan mayor riesgo.-
Los fondos de Bonos, son una franja intermedia, en la que existe un menor riesgo que los anteriores, pero también llevan aparejado un menor rendimiento.-
Y por último, los fondos de Plazo Fijo, que son los que invierten exclusivamente en depósitos a plazo fijo en los bancos más seguros del sistema, según las calificadoras de riesgo, son los que otorgan mayor seguridad, con un riesgo casi nulo, pero tienen como contrapartida un menor rendimiento.-

Como vemos, hay fondos para distintas clases de riesgos, y por ende, para distintos tipos de inversores, desde los más audaces, hasta los más conservadores.-
El inversor medio argentino tiene un perfil conservador, por lo que ya existe una tendencia claramente definida en las preferencias del público argentino.-
El grueso de las inversiones está colocado en aquellos fondos que prefieren atarse a rendimientos de tasa fija.-
Por eso, los fondos de plazo fijo o ligados a títulos de deuda pública acaparan una buena parte del dinero que se mueve en Fondos Comunes de Inversión.-
A fines de mayo de 1.998, un 60% del total de fondos de esta industria estaba colocado en las opciones más conservadoras. Muy atrás quedaron los fondos que apuestan a las bolsas –ya sea la de Buenos Aires o la San Pablo-, que son los que tienen un riesgo implícito más alto, precisamente porque los mercados bursátiles de la región se han convertido en plazas muy vulnerables a partir de la crisis asiática .-

Como dijimos, hay fondos para todos los gustos, por lo que detallaremos las diversas opciones.-
Las “familias” de fondos, los activos en los que invierten, y el riesgo implícito, son los que siguen:
• Renta Variable Argentina (RVA). Invierten exclusivamente en acciones que se negocian en la Bolsa de Buenos Aires. Muy sujetos a la salud del mercado bursátil local. Son fondos que van al “todo o nada”, son muy poco recomendables para el inversor que tendrá necesidades de liquidez en el corto plazo. Además, son los más caros en cuanto a comisiones.-
• Renta Variable Latinoamericana (RVL). Invierten en acciones de los mercados de toda la región, aunque en rigor de verdad, lo hacen en las bolsas de Buenos Aires y San Pablo. Son casi tan riesgosos como los anteriores.-
• Renta Fija en Pesos (RF$). Invierten en títulos de deuda pública y privada. Es decir, bonos y obligaciones negociables nominados en pesos. En este tipo de inversión se achica el riesgo, aunque también están sujetos a las fluctuaciones de los títulos norteamericanos, ya que la caída de estos arrastra a los títulos públicos argentinos. Son ideales para el largo plazo.-
• Renta Fija en Dólares (RFu$s). Son similares a los anteriores, pero un poco menos volátiles. Invierten en bonos de deuda nominados en dólares y las Obligaciones Negociables también en dólares. Su performance, como en el caso de los anteriores (RF$) está íntimamente ligada a la evolución del riesgo país argentino.-
• Plazo Fijo en Pesos (PF$). Destinan su cartera a colocaciones de plazo fijo en distintas entidades financieras, lógicamente las más sólidas del sistema. La ventaja que tienen sobre la inversión en plazo fijo tradicional, es que tienen liquidez inmediata. La contracara es que se obtienen tasas levemente inferiores, porque de la tasa obtenida se debe descontar la comisión de administración que cobra la entidad. Otra ventaja es que, como siempre tienen una tasa positiva, la rentabilidad, en todos los casos crece; y, además, como invierten en distintos bancos, de primer nivel, calificados por las calificadoras de riesgo, el riesgo es menor que invertir a plazo fijo en un solo banco.-
• Plazo Fijo en Dólares (PFu$s). Similares a los anteriores, pero buscando la mejor tasa del mercado en dólares. Como la tasa es menor a la que pagan las colocaciones en pesos, su rentabilidad es algo menor.-
• Fondos Mixtos (FM). Como su nombre lo indica, su objeto de inversión es diversificado. Pueden armar verdaderas canastas de inversión que se nutren de acciones, títulos públicos, plazos fijos, todo en dólares y en pesos. Los riesgos no son muy elevados, pero la ganancia depende de la pericia de los administradores de la cartera, que deben acertar, dentro de posiciones por lo general conservadoras, en la opción que les dé una pequeña ganancia extra que haga la diferencia con los competidores.-
• Fondos Cerrados (FC). Tienen objetos de inversión predeterminados, que no varían en el tiempo, y tampoco cambia el número de cuotapartes. Un ejemplo de estos fondos, es el de fondo Boca Juniors, en el que su activo es un grupo de jugadores patrimonio del club. Estimulan la inversión a largo plazo.-
• Fondos Comunes de Dinero en Pesos (FCD$). Invierten en plazos fijos o bonos, pero que en promedio deben tener una duración máxima de 180 días, para asegurar la alta liquidez del fondo. Es el tipo de fondo que tiene un más bajo rendimiento potencial. Pero su atractivo es que tiene una liquidez máxima (se puede retirar el dinero un día después de invertido), con un rendimiento levemente superior a la caja de ahorro.-
• Fondos Comunes de Dinero en Dólares (FCDu$s). Similares a los anteriores, pero en dólares.-

5.2. Fondos Comunes Cerrados de Créditos.

La creación de estos F.C.C.D.C. obedece al objetivo expreso de la política económica del gobierno nacional de reducir el denominado “costo argentino”, específicamente en este caso el costo de acceso al capital, o el costo financiero.-
La Resolución General 237 de la Comisión Nacional de Valores, que introdujo la securitización en la Argentina, es la que creó los F.C.C.D.C., como fondos con objeto especial de inversión.-
Esta resolución fue el primer marco normativo específico para securitización en nuestro País.-
Así, sobre la base del Art. 15 del Decr. Reglamentario N°. 174/93, introdujo la novedad, utilizando como vehículo un instituto con más de treinta años de sana vigencia en nuestro país, precisamente los F.C.I..-
Mediante las Resoluciones Generales N°. 237 y 238, la C.N.V. reglamentó este nuevo tipo de F.C.I., con lo que posibilitó que las carteras de créditos de los bancos y entidades financieras puedan constituir el patrimonio de un Fondo, y sobre tal base, emitir cuotapartes a ser suscriptas por oferta pública .-
Esto generó gran expectativa sobre la posibilidad de un importante “reciclaje” de fondos prestables, porque mediante estos instrumentos, una cartera de un banco puede ser transferida a un Fondo, y con el precio de la cesión, obtener nuevos recursos prestables para la clientela de la entidad.-
Pero, como lo aclarara el Dr. Lisoprawski en su disertación, este tipo de F.C.I. cerrados no funcionó, porque se encontró con el inconveniente de la forma de la trasmisión de los activos financieros que eran su objeto; y en especial, la inscripción del beneficiario de los activos en los registros de hipotecas y prendarios.-
Martín E. Paolantonio, en su obra sobre F.C.I. cita solamente dos casos de utilización del sistema:
- Uno por parte de un banco extranjero (Citibank Argentina), con aplicación de la ley extranjera, ya que en el contrato se estableció como ley aplicable la de Nueva York, y el Emisor - Vehículo utilizado fue un Trust creado con un objeto especial en las islas Caimán, por lo que no podemos caracterizarlo dentro de la normativa de los F.C.C.D.C..-
- El otro caso, que a la fecha de publicación de su libro no se había concretado definitivamente, correspondió a la primera utilización del vehículo F.C.C.D.C., y correspondió al Banco UNB, mediante el proyecto de creación del Fondo UNICAR 1993-1, en el que las cuotapartes estaban garantizadas por créditos prendarios otorgados para la compra de vehículos comerciales destinados al transporte público de pasajeros .-
No obstante ello, Paolantonio aclara que las autoridades de la C.N.V. siempre aclararon que tanto la Resolución N°. 237 de la C.N.V. y en general la reglamentación de los F.C.C.D.C. como vehículo para las estructuras de securitización sólo marcaron el primer paso en un proceso legislativo que debía perfeccionarse y seguirse.-
Y es lo que aconteció posteriormente con la sanción de la Ley 24.441, que legisló sobre estos temas, perfeccionando estos instrumentos financieros.-
Vamos a ver seguidamente cómo han quedado conformados los F.C.C.D.C. después de la sanción de la Ley 24.441.-


5.2.1. Denominación. La denominación “fondos comunes cerrados de crédito” (F.C.C.C.) sólo podrá ser utilizada por aquellos fondos comunes que se organicen conforme a lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley 24.083 (texto según Ley 24.441, art. 78).-
Se trata de fondos comunes de inversión cerrados, fondos constituídos con una cantidad máxima de cuotapartes, las que, una vez colocadas no podrán ser rescatadas hasta la disolución del fondo o finalización del plan de inversiones determinado en el reglamento de gestión (Art. 2, L.F.C.I.).-
Las cuotapartes de este tipo de fondos pueden ser autorizadas a la oferta pública conforme a la Ley 17.811.-
Se trata de fondos con objeto especial de inversión (Art. 15 Decr. Reglamentario N°. 174/93): activos financieros.-

5.2.2. Haber del fondo.
El haber del fondo deberá estar integrado por conjuntos homog

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