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Habeas Data. El derecho a informar y su correlato: eldeber de informar correctamente.
Publicado por Jorge PORTABELLA
| 10 de marzo de 1998

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HÁBEAS DATA.

El Derecho a Informar y su correlato: el Deber de Informar correctamente.


1 - INTRODUCCIÓN.

El tema del Hábeas Data fue introducido explícitamente en la Constitución Nacional a través de la Reforma Constitucional del año 1994, en el Capítulo Segundo de la Primera Parte, referido a Nuevos Derechos y Garantías .-
Este Capítulo Segundo, consta de ocho artículos, los artículos 36 al 43.-
El artículo 43 trata específicamente, entre otros, el tema que surge de la existencia de registros o bancos de datos públicos privados, destinados a proveer informes.-
Específicamente, en el tercer párrafo, establece la facultad de las personas de interponer la acción expedita y rápida prevista en el artículo, para: a) Tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad; b) Exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de dichos datos, en caso de falsedad o discriminación.-
Miguel Ángel Ekmekdjian define a la acción de hábeas data como “el derecho que asiste a toda persona -identificada o identificable- a solicitar judicialmente la exhibición de los registros -públicos o privados- en los cuales están incluídos sus datos personales o los de su grupo familiar, para tomar conocimiento de su exactitud; a requerir la rectificación, la supresión de datos inexactos u obsoletos o que impliquen discriminación (v. gr., la confesión religiosa, si el registro no tiene por objeto constatar tal situación)” .-
El mismo autor, expresa que es una de las garantías constitucionales más modernas, y nos ilustra acerca del nombre, aclarando que se forma por la conjunción de dos palabras, una en latín y la otra en inglés. El nombre se ha tomado parcialmente del instituto del hábeas corpus, en el cual el primer vocablo, “hábeas” significa “conserva o guarda tu...” en latín; y el otro, “data”, del inglés, sustantivo plural que significa “información o datos”. En síntesis, sigue Ekmekdjian, en una traducción literal sería “conserva o guarda tus datos”.-

El tema ha sido motivo de análisis y resolución en una sentencia dictada por la Sra. Juez del Décimo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Ciudad de Mendoza, en los autos N°. 28.836, caratulados “URFALINO, ANTONIO ITALO ARGENTINO c/DINERS CLUB ARGENTINA S.A.C. y de T. y ORGANIZACIÓN VERAZ S.A. p/HABEAS DATA”, que motiva el presente comentario .-
La sentencia hace lugar a la acción de hábeas data intentada por el actor, y ordena a la empresa emisora de la tarjeta de crédito, y a la empresa dedicada a la recopilación y difusión de datos personales, supriman al actor de su registro de deudores por la causa ventilada en el proceso, en el plazo de dos días de notificados de la resolución.-
Ambas demandadas han apelado la sentencia.-
Resulta sumamente interesante analizar el fallo, por cuanto en el mismo se analiza minuciosamente la situación planteada, y se da una solución ajustada a la norma constitucional y, a nuestro criterio, justa y acertada.-
La resolución judicial analiza detenidamente el derecho de las demandadas a recopilar y difundir información, pero resalta el derecho del informado a conocer dicha información, y, en su caso solicitar la adición, rectificación, corrección, supresión o exclusión de datos, o la reserva de los mismos, de acuerdo a los derechos contemplados en la norma constitucional que da sustento al instituto.-

2 - EL CASO CONCRETO.

Se trata de un usuario de tarjeta de crédito, a quien se le atribuye un consumo (alquiler de automóvil en el extranjero), que él cuestiona acompañando documentación respaldatoria del pago efectuado al comerciante (empresa dedicada al alquiler de autos). Esta documentación la presenta ante las autoridades de la empresa emisora de la tarjeta de crédito, y también efectúa el reclamo ante el comerciante en donde pagó el consumo.-
La empresa emisora de la tarjeta nunca aclaró la situación, no acreditó haber pagado el consumo que reclamaba en sus resúmenes al cliente, y dejó transcurrir el tiempo sin iniciar acciones legales para el cobro del presunto crédito.-
Transcurrido el tiempo, sin más reclamos ni acciones judiciales, la empresa emisora denuncia a su cliente ante el B.C.R.A. como deudor por el importe de la operación cuestionada, con la calificación de incobrable, cuando la deuda, de haber existido, ya se encontraba prescripta.-
El cliente toma conocimiento de su inclusión en la base de datos del B.C.R.A., a través de un informe de Organización Veraz S.A., que también lo había incluído en su base de datos, en oportunidad de gestionar un crédito bancario.-
Ante tal situación, reclamó a la empresa emisora de la tarjeta y a Organización Veraz S.A., telegráficamente, sin obtener la rectificación del dato erróneo o la supresión del mismo.-
Esto lo llevó a plantear la acción de hábeas data contra ambas empresas, solicitando la supresión del dato erróneo. Notificada de la demanda, la empresa emisora de la tarjeta, al contestar demanda manifestó “...el Sr. Urfalino no registra deuda alguna como consecuencia del uso de la tarjeta ..., que la deuda quedó saneada, y que no existen constancias en .... que justifiquen el crédito mencionado por el actor”.-
Organización Veraz, no obstante lo informado en la contestación por la empresa emisora de la tarjeta, contestó demanda a través de un enjundioso escrito en el que defiende su derecho a ejercer la actividad que es su objeto social.-

3 - LA SENTENCIA.

La sentencia lleva fecha 15 de mayo de 1.998 y, luego de analizar las alegaciones de las partes, y la prueba ofrecida y rendida en el proceso, resuelve hacer lugar a la acción intentada por el actor contra las demandadas Diners Club S.A.C. y de T. y Organización Veraz S.A., ordenando a estas últimas suprimir al actor de su registro de deudores por la causa ventilada en el proceso.-
En los considerandos analiza en primer lugar la situación fáctica existente entre el actor y Diners Club S.A., llegando a la conclusión de que la deuda reclamada por Diners Club no fue probada. Abona su criterio, en el hecho que, conforme consta en autos, Diners Club nunca acreditó haber pagado el servicio a Hertz de España. Esto, no obstante que Urfalino, al resistir el reclamo, por vía postal, manifestó haber cancelado el servicio a Hertz, en efectivo. Sostiene que esa prueba (el pago del servicio por parte de Diners Club), era la única que podía legitimar la calificación del Sr. Urfalino como deudor. Diners Club nunca se lo comprobó a Urfalino y tampoco produjo esa prueba en el proceso. Por otra parte, concordantemente con esto, señala la Sra. Juez que Diners Club tuvo una conducta elusiva respecto de los hechos, pues en su contestación sostuvo que la deuda estaba “saneada” y que la cuenta del actor estaba cancelada y no registraba deuda de ninguna clase. Sostiene que la respuesta evasiva sobre los hechos invocados por el actor, a tenor del Art. 168 del Código Procesal Civil de Mendoza, más la afirmación de que el actor no registra deuda, determinan que deben tenerse por comprobados los hechos invocados por la actora.-
También surge de las constancias de autos que fue Diners Club quien informó al Banco Central a partir de mayo de 1.996 como irrecuperable.
Luego continúa analizando la prueba en relación a la codemandada Organización Veraz S.A.; sosteniendo que también quedó probado en la causa que ésta proporcionó informes sobre el Sr. Urfalino a terceros usuarios, en el que se lo calificaba como incobrable por una deuda impaga mantenida con Diners Club Argentina por la suma de $ 1.700,- indicando que la fuente de tal información era el B.C.R.A.-
Seguidamente dice la Sra. Juez que de los estatutos de Veraz S.A. surge que la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o terceros, al servicio de información comercial general y crediticia, procesamiento de información comercial, prestando servicios vinculados a la actividad crediticia y medios de pago en general, basado en medios electrónicos, de computación y otros. La información almacenada se recolecta de registros públicos, tribunales, archivos públicos o privados, reparticiones administrativas, publicaciones, como así también de datos proporcionados por los propios interesados y/o por terceros, originadas en el incumplimiento de pagos u obligaciones.-
Destaca que, efectuado el reclamo por parte de Urfalino a Organización Veraz S.A., para que cancelara la información, ésta insistió en la veracidad de la misma fundada en que la información provenía de los registros del B.C.R.A.-
Partiendo de esta plataforma fáctica, llega a la convicción de que el dato contenido en el registro, sobre el actor es falso, por lo que debe ser suprimido, condenando en tal sentido a las accionadas.-

4 - COMENTARIO.

El tema en análisis es sumamente delicado, por cuanto surge de la colisión de distintos derechos, todos de jerarquía constitucional, y la solución pasa por la interpretación armónica de las normas y su adecuación a los hechos concretos a los que se aplican.-
Es importante advertir que en el caso no se cuestiona el derecho a informar, ni la legitimidad de las centrales de riesgo crediticio, o la necesidad de su existencia.-
Es más, somos plenamente conscientes de la necesidad de su existencia, como modo de revertir del alto grado de incobrabilidad que impera en el ámbito de las instituciones crediticias del país. También somos conscientes que las altas tasas de interés que se aplican en nuestro país obedecen, en alguna medida a la alta tasa de incobrabilidad. Algunos estiman que el 15% del costo de un crédito obedece a la mencionada alta tasa de incobrabilidad .-
Por esta misma razón, desde la cátedra de Derecho Bancario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, hemos defendido y defendemos la necesidad de la existencia de las Centrales de Riesgo Crediticio como modo de eficientizar y abaratar el crédito bancario.-
Es una necesidad del sistema financiero, y es un derecho de los comerciantes, y de quien va a otorgar un crédito, como así también de quienes hacen de su actividad prestar el referido servicio de información a la actividad financiera y al comercio.-
Pero, a este derecho, se contrapone el de los particulares de saber, por un lado qué información existe sobre ellos en esos archivos o bases de datos; y por otro lado, en caso de error, falsedad, obsolescencia, etc., solicitar la corrección, supresión o actualización de los datos sobre su persona que obren en los referidos archivos.-
Es lo que se conoce con el nombre de derechos personalísimos, y, entre ellos, el de la intimidad, a los que se llama derechos de primera generación, porque son reconocidos desde la aparición del constitucionalismo clásico, a fines del siglo XVIII .-
Carina Quispe Merovich expresa en forma clara lo que venimos exponiendo sobre este necesario equilibrio entre los dos derechos en pugna: “No se me escapa la conveniencia de contar con un sistema de información veraz, y por lo tanto actualizado, acerca de buenos y malos pagadores, como tampoco la posible comisión de delitos (provisión de cheques sin fondos, estafa, etc.) que involucra el tema tratado. Sin embargo, parece necesario lograr un equilibrio entre el interés de quien otorgará el crédito, entregará mercaderías, o prestará servicios -saber con quién contratará- y el interés de cada persona de aparecer en los registros que habitualmente se consultan, de acuerdo con la realidad. La manifestación efectuada por el informante, debe ser verdadera, completa y actual, a fin de no perjudicar injustamente a ninguno de los intereses mencionados, ya que ambos son legítimos. Se trata de dos libertades que pueden -y deben- ser ejercidas simultáneamente, sin que el pleno goce de una de ellas, implique el menoscabo de la otra” .-
Precisamente el equilibrio en la confrontación de estos dos derechos, y la detenida y profunda evaluación de ellos, como también de las circunstancias fácticas de la causa, y la conclusión sumamente acertada y ajustada a derecho contenida en la resolución que comentamos, es lo que nos ha llevado a encarar esta tarea.-
En el fallo que comentamos, el razonamiento de la Sra. Juez sentenciante ha discurrido por el estrecho espacio que delimita ambos derechos (el derecho a la información y el derecho a la intimidad o a la propia imagen), y, con un delicado equilibrio, ha llegado a la solución justa. Reconociendo por un lado la legitimidad de la actividad de las Centrales de Riesgo Crediticio o Archivos de Datos, a pesar de la falta de legislación sobre el tema, pero colocando los límites a dicha facultad.-
Y los límites, están dados, precisamente por el derecho de los particulares a conocer, corregir, actualizar, exigir su reserva o confidencialidad en caso de datos sensibles o discriminatorios, es decir relacionados con la religión, raza, etc., o suprimir datos en casos de incorrecciones, errores o falsedades. Derechos que están contemplados en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, incorporados mediante la Reforma Constitucional de 1994 a nuestra Constitución Nacional.-

4.1. El derecho a la propia imagen.

La sentencia que comentamos comienza por poner énfasis en el derecho del individuo a la propia imagen, declarando que adhiere a la interpretación del Art. 43 de la Constitución Nacional que han realizado Rivera, Guastavino y Cifuentes.-
En tal sentido se enrola en la interpretación amplia, sosteniendo que el instituto del hábeas data no está destinado sólo a la protección del derecho a la intimidad o privacidad, sino que además se extiende a la protección al derecho a la identidad, es decir la forma en que una persona, (física o jurídica) desea presentarse ante la sociedad o frente a terceros, citando la recopilación de opiniones de Palazzi .-
Siguiendo a Cifuentes, y la opinión de los autores por él citados, advertimos que la acción de hábeas data tutela la identidad , la intimidad , el honor , y la imagen que puede ser archivada y trucada , teniendo en cuenta todo lo que la informática está en condiciones de recopilar y expandir en lo que hace a las personas en cuanto tales. “Incluído el aspecto patrimonial, que es parte de la personalidad, y un elemento de la conformación esencial del ser humano, el cual vale tanto por lo que es y por lo que tiene. La pretendida por algunos despersonalización del patrimonio, hace factible el ataque a la persona en uno de sus elementos conformativos; porque siempre la persona está consustanciada con el conjunto de los bienes, deudas y valores necesarios para la vida individual y privada. Y esto lo digo no sólo por la teoría de Aubry et Rau incorporada al Código Civil, sino porque en general los aspectos patrimoniales inciden gravemente en la figura del yo íntimo. Por eso el secreto bancario se consagra en los países respetuosos de ese yo íntimo” .-
Y la forma en que se materializa esa tutela, es a través del derecho del registrado a conocer la información, corregirla, actualizarla, suprimirla, imponer su rerserva (en caso de datos sensibles o discriminatorios); exigir la justificación social de la recolección; limitar a lo mínimo la incorporación de datos sensibles; derecho que se ejerce a través de la acción de hábeas data incorporada a través del Art. 43 a la Constitución Nacional mediante la Reforma del año 1.994.-
Como dice Santos Cifuentes: “¿Cómo se logra la tutela de tales derechos? Aquí viene en ayuda el llamado “hábeas data”. Ahora sí, está justificado decir: “para que tengas tu dato”, así como frente a la libertad corporal se constitucionaliza el “hábeas corpus” o para que tengas tu cuerpo” .-
Este derecho a la identidad o a la propia imagen, ha venido desarrollándose gradualmente en Estados Unidos, y en Europa, con antelación al desarrollo incipiente que tiene en nuestro país. Por exceder los límites de este trabajo, no desarrollaremos la evolución histórica de tales doctrinas, las que han sido desarrolladas en forma completa y detallada por Miguel Angel Ekmekdjian y Calogero Pizzolo (h) en los capítulos I y II de su obra sobre el tema .-
Mencionaremos solamente los antecedentes constitucionales existentes en el derecho comparado que incorporaron la figura, entre ellos España, en 1978; Estados Unidos, en 1980; Brasil, en 1988; Colombia, en 1991; y Paraguay, en 1.992, entre otras constituciones. Cabe destacar que, con anterioridad, Estados Unidos había sancionado la Privacy Act, en 1974, por la cual se regulaba el derecho de acceso y rectificación de datos obrantes en registros estatales.-
En el año 1992 se sancionó en España la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de datos. El texto de la ley impone la obligación, al operador de la información, de comunicar de modo expreso al afectado, sobre tal actividad, y su consentimiento es un requisito previo a la operación. Después de prestado dicho consentimiento, el interesado puede controlar el manejo de la información por medio de tres garantías básicas: acceso a la información, rectificación y cancelación.-
De esta forma, se ha ido perfilando doctrinaria, jurisprudencial, legal y constitucionalmente este derecho a la intimidad, o al honor, o a la propia imagen, como se lo ha ido caracterizando.-
Ese derecho a la identidad o a la propia imagen, es lo que también se denomina en la doctrina y jurisprudencia europeas, el derecho a la autodeterminación informativa, doctrina que se va abriendo camino a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán .-
Según Pérez Luño, el mérito de dicho fallo reside en haber entendido al derecho a la intimidad como expresión del derecho a la autodeterminación informativa (Recht auf informationelle Selbstbestimmung), es decir, como una facultad de la persona de “decidir básicamente y por sí misma cuándo y dentro de qué límites procede revelar situaciones referentes a la propia vida” .-
Por supuesto que Pérez Luño aclara que el Tribunal Constitucional Alemán ha dejado claro que el derecho a la autodeterminación informativa no es ilimitado, pues el ciudadano no posee una soberanía absoluta e irrestricta sobre sus datos, sino que habita en una comunidad en la que la comunicación y la información son imprescindibles, por lo cual deberá convivir con ciertas limitaciones a su derecho a la autodeterminación informativa en aras de un preponderante interés colectivo .-
Sin llegar tan lejos como la doctrina y la jurisprudencia europeas, -porque la realidad sociocultural de las regiones es muy distinta-, consideramos que la elaboración de la teoría del derecho a la identidad, o del derecho a la propia imagen, elaboradas por la doctrina y jurisprudencia locales satisface las necesidades imperantes en nuestro país, contemplando los intereses en juego de las dos partes involucradas.-
En efecto, mediante dicha elaboración doctrinaria y jurisprudencial, se deja en claro, por un lado, la legitimidad del derecho a la compilación y comercialización de datos por parte de las empresas que llevan las centrales de riesgo crediticio o de información crediticia y comercial; y por el otro, se deja a salvo la facultad de los registrados de reclamar por la vía del hábeas data en caso de que existan errores en los datos, o sean falsos, obsoletos, sensibles, etc., para obtener su corrección, supresión, actualización o la reserva de los mismos.-
La sentencia que analizamos, citando a Sagües, ha detallado las vías que, -de acuerdo al Art. 43 de la Constitución Nacional-, pueden ser utilizadas para efectivizar el derecho allí consagrado, a saber: “a) la exigencia informativa (la que procura solamente recabar la información obrante en registros o bancos de datos públicos o privados); b) la exigencia aditiva, esto es, de que se agreguen datos, siendo el caso más común el de la actualización; c) la exigencia de rectificación, que apunta a corregir errores, esto es a sanear datos falsos o parcialmente falsos; d) la exigencia de reserva o confidencialidad, para los casos en que el dato es cierto y no existen obstáculos para su permanencia en el registro, pero su divulgación puede afectar o lesionar derechos; y e) la exigencia exclutoria o cancelatoria, para obtener la supresión de los datos” .-
Esta última, -la exigencia exclutoria o cancelatoria-, es la que motivó el proceso en cual se dictó la sentencia que comentamos, la que hizo lugar al reclamo exclutorio, ordenando la supresión del dato referido al actor por cuanto en el proceso se demostró la falsedad del mismo.-
Pero, previo a llegar a tal decisión, la juzgadora ha analizado exhaustivamente las pruebas obrantes en el proceso, y citando a Palazzi, ha expresado: “Sin embargo, Palazzi advierte en el artículo citado que, según surge del texto constitucional y de la interpretación jurisprudencial realizada hasta la fecha, tanto la supresión como la rectificación, exigen la demostración (a cargo del interesado) de que los datos registrados son falsos o producen un trato discriminatorio” .-
Al respecto, en la sentencia se sostiene que “...debe tenerse por probado que la deuda no existió, por falta de acreditación del pago del cupón por parte de Diners S.A. y por la contraprueba de su cancelación en efectivo de parte del actor. Diners ha confirmado la inexistencia de la deuda. Tampoco se ha invocado la existencia de juicio pendiente o sentencia judicial condenatoria, ni mucho menos de insolvencia o falta de bienes para responder a una eventual deuda por parte del actor. El registro existente en el Banco de datos de Veraz S.A. así como el informe de Diners S.A. al Banco Central devienen en consecuencia falsos y corresponde su supresión conforme a la interpretación del Art. 43 de la Constitución Nacional por lo que la acción intentada debe progresar”.-
Indudablemente, como lo expresa la sentencia en la parte transcripta, la Sra. Juez sentenciante consideró probado en el proceso el hecho de la falsedad del dato registrado, por lo cual ordenó la supresión del dato que existía en el registro llevado por la accionada, del que surgía que el actor era deudor de un crédito considerado incobrable.-

4.2. El derecho a la información.

La sentencia que motiva este análisis se ha ocupado también del derecho a la información, expresado en los dos sentidos: por un lado el derecho de recopilar información que tienen los bancos de datos, y el derecho de conocer la información que sobre uno mismo existe en los bancos de datos.-
En efecto, refiriéndose a la actividad de la codemandada Organización Veraz S.A., ha expresado que, “en cuanto a la eventual licitud o ilicitud de los registros de datos personales, cabe advertir que la Constitución, en principio, legitima su existencia, ya que el Art. 43 la supone. En consecuencia, el registro de datos no es por sí mismo inconstitucional, sino que eventualmente la ilicitud deberá surgir de las circunstancias particulares que se invoquen en cada caso concreto”.-
Es decir que expresamente ha reconocido la legitimidad y legalidad de la actividad de la demandada en lo referente a la facultad de recolectar, almacenar y transmitir datos.-
Posteriormente, en los considerandos se ha referido también a la actividad de Organización Veraz S.A., aclarando que es una sociedad conformada especialmente para suministrar información a terceros y obtener con ello una ganancia, lo cual pone en cabeza de la empresa una responsabilidad subjetiva directa por la información que proporciona.-
Así, surge de los estatutos de Organización Veraz S.A., acompañados a la causa, que la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y o terceros y/o asociada a terceros, a los siguientes servicios: 1) Suministro de servicios de información comercial general y crediticia sobre personas físicas o jurídicas y/o empresas de carácter público o privado, consumidores y compañías comerciales, almacenada en una base de datos automatizada o no; 2) Realizar el procesamiento de información comercial, prestación de servicios vinculados a la actividad crediticia y medios de pago en general basado en medios electrónicos, de computación y otros. La información de los puntos precedentes podrá recolectarse de registros públicos, tribunales, archivos públicos o privados, reparticiones administrativas, de publicaciones, como así también la brindada por los propios interesados y/o por terceros, originadas en incumplimiento de pagos u obligaciones.-
También ha merituado que la actividad de Organización Veraz S.A. se lleva a cabo adquriendo información previo pago de un precio anual, según las circulares del B.C.R.A. obrantes en el expediente; y la comercialización de dicha información también se efectúa en el mercado de la información mediante el pago de un precio.-
Y especialmente ha considerado la amplitud de las fuentes de información de las que la empresa recaba información, y la informalidad de las mismas, y de la forma de captar la información.-
Precisamente, teniendo en cuenta estos aspectos, puntualmente critica, en el caso concreto, que se ha recibido y registrado información de una empresa emisora de tarjetas de crédito, sin documentación que avale la existencia de la deuda, ni sentencia judicial que la determine.-
Es decir que la crítica no va a la actividad en sí, sino a la forma en que se ha llevado a cabo en el caso sometido a su decisión.-
El derecho a la información, por otra parte, es reconocido universalmente, por lo que que no es un tema sujeto a discusión, sino que lo que se cuestiona o discute desde siempre, y, sobre todo a partir de la década del 70, con el advenimiento de la computación y la informática, son los alcances y los límites de ese derecho, dado lo vertiginoso de su difusión indiscriminada por los métodos modernos de captación y distribución de la información.-
Así lo reconoce la doctrina en forma unánime:
“El hombre, desde siempre, se informa de la misma manera natural como respira. Busca e indaga para celebrar los negocios más onerosos, de igual manera que para decidir las cuestiones más triviales y nimias de su vida. Es derecho a informarse es innato en él, hace a su condición de ser racional, más acá o más allá de su sociabilidad... El derecho a difundir información, notablemente emparentado con la libertad de expresión, ha sido objeto de prolijos estudios. La tensión de ambos con los derechos personalísimos dio lugar a la aparición de la doctrina de la ‘real malicia’, el derecho de réplica o respuesta, etc. . Y, sin lugar a dudas, allí se encuentra el origen remoto del hábeas data” .-
También la doctrina advierte sobre el cambio que se produce con la transición de los registros y archivos de papel o cartón a los registros informáticos. Así, Santos Cifuentes, en la obra citada, describe que, a partir de la escritura, el hombre preservó el recuerdo de los hechos con mayor seguridad y precisión que la anterior tradición oral. Con el advenimiento de la imprenta, -dice- se abrió el gran cauce de la comunicación sin fronteras y al mismo tiempo se facilitó la acumulación y guarda de los conocimientos. Pero, las viejas inscripciones parroquiales, y los registros civiles que les sucedieron, el registro de la propiedad, registros bancarios, prontuarios y actas judiciales no produjeron mayor preocupación. Con la informática puesta al servicio de tales repertorios,la situación ha cambiado. Y así, describre: “La informática, en realidad, como puede apreciarse, no ha agregado nada a la operación de acopiar la historia personal y patrimonial de cada uno, ni en lo principal al contenido o sustancia de registros tan complejos, variados y numerosos. Viene a ser un instrumento perfeccionado, pasándose del soporte de cartón, papel, fichas, libros, cuadernos y hojas, películas, fotocopiado y cintas, a la memoria de los ordenadores computarizados en donde se incorporan, relacionan y duermen ahora los datos, o bien reviven instantáneamente a voluntad de quien opera con ellos. No sólo se avizora la necesidad de una actitud precavida frente a la comunicación masiva posible e inmisericorde, ya que la información, publicidad y comunicación se han diversificado y se expanden sin fronteras, pues se advierte también el poder casi incontrolable de los nuevos archiveros, el maquinismo desenfrenado que puede revivir la opresión de la novela “1984” de Orwell o de “Un mundo feliz” de Aldous Huxley ” .-
Otro autor ha dicho, refiriéndose a las libertades informativa e informática: “Los pilares de este novísimo fenómeno -el ‘poder informático’, consecuencia palmaria de los recientes avances en materia de tecnología informática y de telecomunicaciones que provocaron la ‘revolución informática’- se encuentran en las libertades informativa e informática. La primera de ellas se traduce aquí en el derecho a recabar información, y la segunda, en nuestro concepto, significa aquella proyección del principio valor ‘libertad’ que se genera ni más ni menos que en el derecho de recabar toda la información cuyo conocimiento o recolección no esté legalmente prohibido por motivos razonables, fundados en la protección de los derechos de las personas o en un interés colectivo relevante (v.gr., seguridad del Estado), es decir que implica la no sujeción de la actividad informática sino sólo a las reglas que razonablemente le sean impuestas por la ley” .-
Como podemos advertir, el derecho a la información existe y ha sido ejercido siempre, por el Estado y por los particulares, y lo que en realidad ha preocupado siempre son las limitaciones al mismo.-

4.3. Falta de legislación. Necesidad de una ley reglamentaria.

A tenor de lo expuesto precedentemente, resulta fácil advertir la necesidad de que esta nueva figura sea reglamentada, para compatibilizar las situaciones emergentes de los distintos derechos que se encuentran en colisión, como destacamos previamente.-
No es que consideremos que la inexistencia de una ley reglamentaria constituya óbice para el planteamiento del hábeas data, ya que estamos convencidos de la naturaleza operativa de las garantías contenidas en el texto de la Constitución.-
El dictado de una ley reglamentaria establecería reglas claras y aumentaría la seguridad jurídica de los involucrados en el tema, ya sea las empresas dedicadas a la recopilación de datos, como los individuos respecto de los que se recolecten los datos.-
Este nuevo derecho, consagrado por el Art. 43 de la Constitución Nacional, estuvo a punto de ser regulado o reglamentado, a través de una ley, pero, lamentablemente el proyecto fue observado por el P.E., y se perdió la oportunidad de que nuestro país tuviera una reglamentación del hábeas data, a la altura de los países más adelantados. Se trata del Proyecto de Ley N°. 24.745, sancionado por el Congreso de la Nación en fecha 27/11/96 y observado totalmente por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nacional N°. 1.616/96 .-
La necesidad de la regulación o reglamentación legal del instituto ha sido expresada por numerosos autores. Así, Daniel Ricardo Altmark y Eduardo Molina Quiroga, en tal sentido, señalan aspectos que, necesariamente deberán constituir contenidos básicos de dicha reglamentación. Estos principios, son: el de justificación social; adecuada limitación de la recolección; mantenimiento de la calidad y fidelidad de la información; clara especificación de la finalidad de su recolección; previa autorización del titular del dato; derecho de acceso; limitación temporal del mantenimiento del dato; prohibición de su utilización para un propósito diferente al declarado; confidencialidad y pertinente salvaguardia de la seguridad .-
Compartimos con Toricelli, su opinión en el sentido de que “la ley que reglamente el hábeas data debe ser muy cuidadosa en no desvirtuar los objetivos por los cuales esta garantía fue plasmada en la Carta Magna, pues los derechos del recopilador de datos y los del almacenado son contrapuestos” .-
Una muestra de las consecuencias de la falta de reglamentación de la actividad informativa, la constituye el caso que motiva este comentario, como tantos miles que existen en el país. Además, la magnitud del peligro del funcionamiento de esta actividad sin estar sujeta a una reglamentación, se vislumbra en los comentarios publicados en la Revista Noticias del 25/10/97. Allí se expresa: “La base de datos más poderosa del mercado es la de Fundación Veraz, una empresa de informes de riesgo crediticio creada hace 40 años. En sus archivos hay información sobre 20 millones de personas, y recibe más de 5 millones de consultas anuales. Dueña del 90% del mercado de informes comerciales, Veraz ingresa mensualmente medio millón de datos que recoge de 500 fuentes públicas, como los boletines oficiales, juzgados comerciales, Banco Central, además de la información que suministra la banca privada y los clientes de Veraz, que denuncian a los morosos para que integren la temible lista de incumplidores. Figurar con malos antecedentes en esa base de datos puede complicarle la vida a quien pida un préstamo, solicite una tarjeta de crédito, o emprenda cualquier actividad donde precise ganar la confianza de clientes, socios o proveedores.Un registro personal de Veraz cuenta la historia de quiebras, juicios, moras y cierre de cuentas bancarias de una persona. Muchos usan la base como una lista negra. ... Sin embargo, cada mes, 4.500 personas se acercan a Veraz sólo para que se rectifique la información que hay sobre ellos, porque se sienten moral o económicamente perjudicados. Aunque el trámite es gratuito, a veces es difícil convencer a una empresa de informes que borre ciertos datos de un damnificado...” .-
La sola lectura del artículo resulta escalofriante, teniendo en cuenta que se trata de una actividad no regulada en nuestro país, y la diversidad de fuentes, y la informalidad con que se recopila la información, y luego se difunde sin ningún tipo de verificación de su autenticidad.-
Por ello es que sostenemos que la actividad debe ser regulada, y que se perdió una oportunidad única con el proyecto de ley vetado por el P.E., lo que deja a los habitantes en el país librados a su buena suerte, y sujetos a no tener algún homónimo que no pague sus cuentas, o a algún error de alguna empresa que los haga ingresar en los archivos, lo que lo margina del mercado bancario y crediticio en general del comercio.-

4.4. Aspectos procesales.

Teniendo en claro que se trata de una acción emergente del derecho acordado a toda persona por el Art. 43 de la Constitución Nacional; que es un subtipo dentro del amparo (citar autores que opinan esto), resta analizar los aspectos procedimentales de la acción.-
Este tema, que desvela al jurista sanjuanino Dr. Víctor Bazan , -Provincia en la que se carece de legislación específica al respecto- encuentra su solución en la Provincia de Mendoza, a través de la Ley 6.408, que legisla sobre el tema.-
La ley 6.408 modificó el Art. 474 del Código Procesal Penal de Mendoza, ordenando agregarle el cuarto párrafo, que dispone textualmente: “En lo pertinente, el hábeas data se regirá por las disposiciones contenidas en el presente capítulo”.-
Por lo tanto, en la Provincia de Mendoza, la acción de hábeas data debe transitar por el sendero procedimental de la acción de hábeas corpus, es decir el establecido por los Arts. 474 y siguientes del Código Procesal Penal.-
Esta disposición, soluciona el problema procedimental del ejercicio de la acción, por lo menos en principio.-
Y decimos en principio, por cuanto esta ley ha encontrado aplicación práctica en los casos en que lo que se pretende es conocer los datos existentes en una base de datos, respecto de una persona determinada.-
Cuando lo que se pretende es modificar los registros existentes, ya sea porque los mismos están desactualizados, han devenido obsoletos, o existe un error o una falsedad, ya el trámite que se le ha dado, es el de la acción de amparo, en lugar de la de hábeas corpus, por cuanto esta acción otorga plazos más amplios, que posibilitan el derecho de defensa de la empresa informante en mayor medida.-
Justamente es la situación que se ha producido en el juicio en el cual fue dictada la sentencia que comentamos.-

5 - Conclusiones.

Como hemos venido resaltando a todo lo largo del presente trabajo, no propiciamos el destierro de las bases de datos comerciales, centrales de riesgo crediticio, etc., sólo propugnamos la regulación de la actividad, dados los importantes intereses que se encuentran en juego merced a su actividad, y los perjuicios que se pueden derivar a terceros.-
El caso que motiva este comentario no debe considerarse como un triunfo de los derechos personales, o del derecho a la imagen sobre el derecho a la actividad informativa desarrollada por las centrales de información crediticia, las que, -reiteramos- consideramos que son necesarias para el mejor funcionamiento, del crédito comercial y de la actividad bancaria.-
Simplemente, se trata de un error, una falsedad de un registro, o un olvido de actualizar los datos, que ante la falta de solución por vía extrajudicial, hubo de ser resuelto por un Juez, y se resolvió correctamente. Pero es un caso concreto, en el que, indudablemente, el actor tenía razón en oponerse a la aparición de su nombre en los registros.-
Decimos esto por cuanto hemos advertido, en la contestación de demanda efectuada por Organización Veraz (un enjundioso y meduloso escrito de más de 40 carillas), una defensa a ultranza del derecho a recopilar y trasmitir datos, aún después de haber tenido conocimiento de la contestación de Diners Club S.A. en la que se reconocía que el actor no registraba deuda, y que la deuda había sido saneada.-
La exacerbación puesta de manifiesto en la contestación de demanda y la desmesurada defensa -sin razón en el caso concreto- de la actividad de la demandada, hacen sospechar que la accionada veía en el presente caso, motivo de este comentario (obviamente en todos y no sólo en éste), un peligro para la continuidad de su actividad comercial.-
Compartimos con toda la doctrina la opinión sobre la conveniencia de contar con un sistema de información serio y confiable, además de actualizado, acerca de buenos y malos pagadores. A tal efecto, la información proporcionada por las bases de datos o centrales de riesgo deber ser verdadera, completa y actual, a fin de no perjudicar injustamente a terceros involucrados en la información.-
Resulta necesario lograr un equilibrio, entre el interés general de la sociedad y de las centrales de riesgo, el comercio y la banca, con el interés de los particulares de aparecer o no en los registros en cuestión.-
Este equilibrio, es el que se observa en la sentencia comentada, en la que se ha sabido resolver el caso concreto de colisión de los dos principios o derechos que se encontraban en juego. Pero la resolución se ha efectuado, no sobre la base de la preeminencia de uno de los derechos involucrados sobre el otro, en forma general, sino por la prevalencia sobre la base de la verdad, y la situación concreta planteada. Triunfó el derecho a la propia imagen, porque no se demostró que hubiera existido deuda que justificara la información del actor como titular de una deuda incobrable. Es más, la propia empresa emisora de la tarjeta, que era quien había ordenado la incorporación del actor a la base de datos de Organización Veraz S.A., manifestó que no existía deuda, que había sido saneada, sin aclarar de qué forma.-
No debe verse en la sentencia comentada un desmedro hacia la actividad de las centrales de riesgo: lo que sí se vislumbra, sin lugar a dudas es que, a la actividad lícita de informar, se contrapone el deber de informar correctamente, so pena de incurrir en daños y perjuicios.-
Tampoco debe verse en el hábeas data un peligro para el funcionamiento de los bancos o bases de datos, o las centrales de información crediticia, sino todo lo contrario. La regulación de este derecho, llevaría a que los datos contenidos en tales centrales de información fueran más confiables, más veraces, actualizadas, y, por lo tanto, lograría la eficientización del sistema y de la actividad.-
Y con ello, se evitarían en gran medida las posibilidades de que las empresas que se dedican a la recolección y almacenamiento de datos se vean involucradas en este tipo de juicios, y en los consecuentes procesos por daños y perjuicios derivados de los errores existentes en la compilación y publicación de datos.-
Lo que nos lleva a reiterar la necesidad de fijar un marco legal regulatorio de la actividad, -dentro de los parámetros fijados por la doctrina en general y por el derecho comparado- para evitar situaciones de injusticia y de perjuicio para los posibles registrados, que deben soportar un perjuicio innecesario derivado de errores, inexactitudes u obsolescencias en la compilación de datos.-

Dr. Jorge Guillermo Portabella


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