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La Naturaleza Jurídica del TICKET CANASTA y la validez de los Convenios Colectivos
Publicado por Jorge PORTABELLA
| 10 de febrero de 1997

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La Naturaleza Jurídica del “TICKET CANASTA” y la validez de los Convenios Colectivos

“En relación al “ticket canasta”, cabe puntualizar que conforme el art. 105 bis vigente al momento de la relación laboral, ... este beneficio no tendrá carácter remuneratorio a los efectos del derecho del trabajo y de la seguridad social, ni a ningún otro efecto”.
“La ley le confiere un carácter concreto y específico de beneficio social y seguidamente establece en forma expresa el carácter no remuneratorio del beneficio”.
“El art. 14 de la Constitución Nacional atribuye carácter de fuente autónoma del derecho laboral, por lo tanto le atribuye a las Convenciones Colectivas la secuencia de ser normas subordinadas a la Supra legalidad constitucional”.
“La norma representada por un convenio colectivo, constituye el marco obligatorio e inderogable, para la contratación individual. La finalidad de las mismas, inspiradas en el bien común sectorial y general, es el de mantener un orden inderogable que contemple con suficiente especialidad las características de cada actividad, su problemática e instrumenta una regulación ajustada a las mismas”.
“... hay que tener en cuenta que las asociaciones profesionales tienen como finalidad la defensa de los intereses profesionales de la actividad, y que no representan voluntades, sino a los intereses señalados y por ese motivo, a través del acuerdo colectivo dictan normas como si fueran leyes”.

(Primera Cámara del Trabajo de la Provincia de Mendoza, en Expte. N°. 27.972, “CARRIZO, FERNANDO MARIO c/BUENOS AIRES AL PACIFICO SAN MARTIN S.A. p/ORDINARIO”, 11/3/97).

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La Naturaleza Jurídica del “TICKET CANASTA” y la validez de los Convenios Colectivos

Por el Dr. Jorge G. Portabella

I - INTRODUCCION.

La Cámara Primera del Trabajo de la Provincia de Mendoza, ha dictado un fallo sobre el tema de los “ticket canasta”, en el que se efectúa un clarificador análisis sobre el instituto en cuestión y su actual estado en nuestra legislación positiva .-
El fallo analizado confirma la tendencia jurisprudencial que se venía creando en torno a esta figura jurídica, y, con ello, ratifica la vigencia y aplicación de la normativa legal vigente.-
Y de esta manera, ratifica la vigencia y constitucionalidad de la legislación sobre el instituto del Ticket Canasta, sentando un precedente importante acerca de la naturaleza jurídica de esta figura.-
Se aparta, a nuestro juicio acertadamente, de una jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, que le atribuía carácter remuneratorio a los “ticket canasta”, contra las expresas disposiciones legales vigentes sobre el tema .-
En el fallo de la S.C.J. de la Provincia de Mendoza, al que hemos hecho referencia, se declaró inconstitucional el Decreto 1477/89, en cuanto le niega el carácter remunerativo al beneficio del ticket canasta, por la falta de ratificación legislativa al mencionado decreto .-
El fallo que comentamos, por un lado se expide clara y concretamente sobre la naturaleza jurídica del “ticket canasta”, encuadrándolo dentro del ámbito de la Seguridad Social, al conferirle “un carácter concreto y específico de beneficio social”.-
Por otro lado, establece en forma expresa el carácter no remunerativo del citado beneficio social.-
También se establece el carácter no remuneratorio de los “viáticos merienda” de los que el trabajador no tiene que rendir cuenta, con fundamento en la legislación vigente y los convenios colectivos aplicables.-
Pero, además, la Primera Cámara hace un meduloso estudio de la vigencia y aplicabilidad de los Convenios Colectivos de Trabajo, relacionándolo con el tema en análisis. Sostiene que el Art. 14 de la Constitución Nacional atribuye carácter de fuente autónoma de derecho laboral a los Convenios Colectivos, considerándolos normas subordinadas a la Supra legalidad constitucional.-
Sobre este aspecto, sostiene: “La norma representada por un convenio colectivo, constituye el marco obligatorio e inderogable, para la contratación individual. La finalidad de las mismas, inspiradas en el bien común sectorial y general es el de mantener un orden inderogable que contemple con suficiente especialidad las características de cada actividad, su problemática e instrumenta una regulación ajustada a las mismas”.-
Consideramos que el fallo comentado constituye un importante avance en la unificación de la jurisprudencia de la Provincia sobre el tema, y en la adecuación de la misma a la normativa legal positiva.-

II - LA LEGISLACION VIGENTE.

El plexo normativo vigente sobre el tema, lo constituyen, por un lado, el Decreto N°. 1477/89, vigente a la fecha del fallo de la S.C.J. de Mza., y a la fecha de los hechos ocurridos en el fallo que comentamos, que disponía, en lo que concierne al tema motivo de análisis:
“...Este beneficio no tendrá carácter remuneratorio, a los efectos del derecho del trabajo y de la seguridad social, ni a ningún otro efecto...”.-
Además, el artículo establece que el beneficio es facultativo, ya que dice que los empleadores podrán suministrar a los trabajadores el beneficio social de asistencia a la canasta familiar alimentaria.-
Le confiere un carácter concreto y específico de beneficio social, y seguidamente establece en forma expresa el carácter no remuneratorio del beneficio.-
Esta es la ley vigente al momento del distracto ocurrido en el caso resuelto por el fallo que comentamos.-
El Convenio Colectivo aplicable a la relación de trabajo analizada, es el Convenio Colectivo de Trabajo N°. 91/93 “E”, de la Unión Ferroviaria.-
Este Convenio Colectivo, establece en forma expresa en su Art. 37 que los tickets canasta tienen carácter no remuneratorio.-
Este es el marco jurídico dentro del cual se debe analizar la cuestión en estudio, tanto en el caso del fallo que comentamos, como en el caso resuelto, con anterioridad, por la S.C.J. de Mza.-
De acuerdo a la normativa jurídica general (Art. 105 bis L.C.T.) , y específica (C.C. 91/93 “E”), queda claro que, tanto en lo general, como en el caso particular del caso decidido por la Cámara Primera del Trabajo de Mendoza, el “ticket canasta” no tiene carácter remuneratorio, y no integra la remuneración a ningún efecto, constituyendo un beneficio de la seguridad social.-
Con posterioridad a los hechos que motivaron el caso decidido por el Exma. Cámara Primera del Trabajo de Mendoza, se dictó la Ley 24.700, que establece la naturaleza jurídica de beneficios sociales, y el carácter de no remunerativos, no dinerarios, no acumulables ni sustituíbles en dinero, a los vales de almuerzo, los vales alimentarios y las canastas de alimentos.-
Esto es lo que dispone el Art. 103 bis, agregado a la L.C.T. por el Art. 1° de la Ley 24.700 que viene a zanjar diferencias interpretativas sobre el tema.-
Hasta aquí, la legislación positiva vigente sobre la materia.-

III - NUESTRA OPINION.

Resulta evidente que el fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza en los Autos “VACA CALLAU, Roger William c/IND. METALURGICAS PESCARMONA S.A. s/ORDINARIO”, fue dictado en un momento en que el Congreso no se había pronunciado aún expresamente sobre los Decretos de necesidad y urgencia N°. 1477/89 y N°. 333/93 .
Pero, los fundamentos que dieron lugar a dicho fallo, han sido, fundamentalmente, la impugnación a los decretos de necesidad y urgencia, y la necesidad de que los mismos sean sometidos a consideración del Poder Legislativo para su aprobación .-
Estos fundamentos, actualmente, han perdido toda relevancia ante el dictado de la Ley 24.700, que establece la naturaleza jurídica de beneficios sociales, y el carácter de no remunerativos, no dinerarios, no acumulables ni sustituíbles en dinero, a los vales de almuerzo, los vales alimentarios y las canastas de alimentos.-
Esto es lo que dispone el Art. 103 bis, agregado a la L.C.T. por el Art. 1° de la Ley 24.700, en forma clara precisa y terminante.-
Si bien esta legislación es posterior a la vigente a la fecha de los hechos analizados en el fallo comentado, indudablemente, el dictado de esta ley, constituye una ratificación de toda la legislación anterior sobre la materia, y evidencia la voluntad del Congreso de la Nación sobre el tema.-
Ante la nueva legislación vigente, cobran relevancia los argumentos del Dr. Aguilar, quien, en disidencia votó en el fallo de la S.C.J. que se ha mencionado precedentemente .-
En efecto, en el voto del Dr. Nanclares, al cual adhirió el Dr. Salvini, se lee:
“El decreto en cuestión, en su art. 4 impone de su contenido al Congreso y tanto el a-quo como el recurrido derivan su ratificación del hecho de no haber sido hasta la fecha derogado, sustituído ni rechazadas las medidas adoptadas por el P.E.N. Y, es en este punto en el que discrepo con la solución arribada por el colega preopinante (Dr. Aguilar), desde que estoy convencido que dicha ratificación no puede derivar de una conducta tácita, sino que debe ser motivo de un acto expreso del legislativo siendo ésta la única forma válida de no violar la delegación indebida... Así entonces tengo la convicción que el decreto 1477, en cuanto le niega el carácter remunerativo al beneficio del ticket canasta, ha devenido inconstitucional por su falta de ratificación legislativa, siendo este requisito formal, ineludible”.-
Como vemos, la ratificación legislativa se ha producido a través de la Ley 24.700, la que, entre otras cosas, ha exteriorizado la voluntad del Congreso de la Nación sobre el tema. Y esto demuestra que, si antes no lo derogó, modificó o dejó sin efecto su aplicación, es porque el Congreso estaba de acuerdo con los términos del Decreto 1477/89, y aceptaba la legislación de emergencia emanada del P.E. sobre el tema.-
Y ahora ha manifestado clara y expresamente su posición sobre el tema en cuestión, a través de la Ley 24.700.-
Por otra parte, es la interpretación que le ha dado la doctrina y la jurisprudencia, en forma unánime, en el resto del País, y en nuestra Provincia.-
Así surge del fallo dictado por la Quinta Cámara del Trabajo, en autos caratulados “VIDELA, Luis c/I.M.P.S.A. s/Ordinario” , en fecha 16/3/95, de cuyos considerandos se extraen los fundamentos de la validez y constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia, en virtud de los cuales, el Tribunal se inclinó por su validez.-
Esta decisión la adopta la Cámara Quinta del Trabajo, siguiendo la doctrina sentada por la C.S.J. de la Nación en Autos “PERALTA ASENCIO y Otr. c/ESTADO NACIONAL s/AMPARO”, de fecha 27/12/90.-
En este fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó los decretos de necesidad y urgencia, y se los reputó de constitucionales, y así ha sido en la mayoría de los Tribunales del País.-
La opinión del voto mayoritario del fallo de la Quinta Cámara del Trabajo de Mendoza, se encuentra expuesta en la Revista del Foro de Cuyo, N°. 18/19, pág. 66/71, voto de la preopinante, Dra. María Adela Salvo de Abaurre.-
Allí se menciona el plenario N°. 264 , del 27/12/88, que incluye entre los “beneficios sociales” a los vales alimentarios y ratifica su carácter no remuneratorio.-
También cita precedentes, como los autos N°. 4.650 “DELLA BLANCA, LUIS y Ot. c/I.M.P.S.A. p/ORD.”; y N°. 4.322 “ARCE, ROBERTO y SALINAS, HUGO c/I.M.P.S.A. p/ORD.”, de la misma Cámara Quinta del Trabajo, donde ya se ha pronunciado en idéntico sentido.-
Por lo tanto, con la sanción de la Ley 24.700, han perdido sustento los argumentos que dieron lugar al fallo dictado por nuestra S.C.J. en los autos “VACA CALLAU”, al dejar sentada, con total claridad, la posición del Congreso de la Nación sobre el tema.-
Consideramos que, con la legislación vigente, se contribuirá a la unificación y pacificación de la jurisprudencia sobre el tema, poniendo punto final a las elucubraciones elaboradas cuando el instituto se fundaba en legislación de emergencia dictada por el P.E.-
El tema que comentamos, se encuentra relacionado íntimamente con el de los viáticos, y, además, también este aspecto ha sido analizado y resuelto en el fallo que motiva este comentario. Por lo que incluiremos también un breve análisis sobre este otro aspecto, también conflictivo, de las relaciones laborales.-
La Cámara Primera del Trabajo, también consideró no remunerativos los viáticos por merienda, con fundamento en que el Convenio Colectivo de la actividad le otorga este carácter, en forma expresa.-
Esto, en concordancia con las disposiciones del Art. 106 L.C.T., que remite a los efectos de su ubicación, a lo que dispongan los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo. Lo que refuerza y legitima la disposición del Art. 39 del C.C. N°. 91/93 “E”.-
También surge el carácter no remuneratorio de los viáticos, del Decreto 333/93 (B.O. 9/3/93) que establece:
“Art. 1: Establécese que los beneficios sociales otorgados en forma directa por el empleador o a través de terceros, que a continuación se enumeran, no revisten carácter remuneratorio, y por lo tanto no se encuentran sujetos a aportes y contribuciones de la Seguridad Social: a) Los servicios de comedor de la empresa; b) Los vales de almuerzo o reintegros de comida debidamente documentados, otorgados en días efectivamente trabajados; c) Los vales alimentarios y las canastas de alimentos entregadas a través de las empresas especializadas en los términos de los decretos 1477 y 1478/89...”.-
Por otra parte, esta es la doctrina que ha predominado siguiendo el fallo de la Sala IV de la C.N.A.Tr., en los autos “3M ARGENTINA S.A. c/C.A.S.F.P.I.”, del 30/5/80 .-
“A esta doctrina finalmente arribó la C.N.A.Tr., con el Plenario N°. 264 del 27/12/88, cuando decidió que los vales que los empleadores entregan a su personal para comidas o refrigerios a consumir fuera del establecimiento no están comprendidos en el concepto de remuneración”
En este aspecto, como en el tema de los tickets canasta, también resulta aplicable lo sostenido respecto a la falta de impugnación de inconstitucionalidad de las normas jurídicas involucradas. Al no haber planteado el actor, en el caso resuelto por el fallo comentado, la inconstitucionalidad del Decreto 1477/89, ni del 333/93, el tema debe resolverse de acuerdo a lo establecido por ambas normas jurídicas, pues constituyen el derecho positivo vigente a la fecha del distracto. Y al no haber planteado su inconstitucionalidad, constituyen el marco jurídico dentro del cual se debe analizar y resolver el caso. Que es lo que hizo el Tribunal, en forma acertada, a nuestro criterio.-


Transcripción del fallo íntegro.

En la ciudad de Mendoza, a los diecinueve días del mes de marzo de mil novecientos noventa y siete, se reúnen en la Sala de Acuerdos de esta Cámara Primera del Trabajo, los Sres. Jueces Dres. Angélica Campellone, Luis César Salassa y José Luis Cano, con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos N°. 27.972, caratulados “CARRIZO, FERNANDO MARIO c/BUENOS AIRES AL PACÍFICO SAN MARTIN S.A. p/ORDINARIO”, de los que
RESULTA: ...

CONSIDERANDO:

PRIMERA CUESTION: Relación laboral.-
SEGUNDA CUESTION: Rubros reclamados.-
TERCERA CUESTION: Intereses y costas.-

A LA PRIMERA CUESTION LA DRA. ANGELICA CAMPELLONE DIJO:

La relación laboral y la categoría profesional que se asigna al actor, como así la estensión de la misma, ha sido admitida por la demandada en el responde de fs. 13/18. Esta confesión judicial está corroborada con los telegramas obrantes a fs. 56 y los recibos que corren agregados a fs. 61/72, que atribuídos a la demandada no han sido cuestionados por ésta (Art. 168 C.P.C.).-
Conforme a las pruebas que dejo merituadas, la relación establecida entre las partes es configurativa de un contrato de trabajo subordinado (Art. 21 R.C.T.), regido por la Ley 21.297. ASI VOTO.-

Los Dres. Luis César Salassa y José Luis Cano, dijeron que, por sus fundamentos, adhieren al voto que antecede.-

A LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. ANGELICA CAMPELLONE DIJO:

El actor reclama la diferencia de la indemnización por despido en virtud de que al abonársele la suma correspondiente no se computó en el salario mensual tomado como base del monto indemnizatorio los rubros viático por merienda y ticket canasta.-
La demandada esgrime como defensa que el art. 37 del Convenio Colectivo 91/93 establece concretamente que el ticket canasta no tiene carácter remuneratorio y el art. 39 dice que los viáticos establecidos en el mismo no integran la remuneración a ningún efecto.-
Cabe puntualizar que conforme el art. 105 bis vigente al momento de la relación laboral (26.08.93 al 27.02.95) “...este beneficio no tendrá carácter remuneratorio a los efectos del derecho del trabajo y de la seguridad social, ni a ningún otro efecto ...”.-
Además el artículo establece que el beneficio es facultativo, ya que dice que los empleadores podrán suministrar a los trabajadores el beneficio social de asistencia a la canassta familiar alimentaria.-
Le confiere un carácter concreto y específico de beneficio social y seguidamente establece en forma expresa el carácter no remuneratorio del beneficio.-
Esta es la ley vigente al momento del distracto, y, por lo tanto, la ley aplicable para el cálculo de la indemnización final.-
Más allá de que es el propio art. 106 el que hace referencia a lo dispuesto por los convenios colectivos, cabe analizar la naturaleza de la norma que implica el convenio colectivo.-
El art. 14 de la Constitución Nacional atribuye carácter de fuente autónoma del Derecho Laboral, por lo tanto le atribuye a las Convenciones Colectivas la secuencia de ser normas subordinadas a la Supra legalidad constitucional.-
Dicho art. 14 de la Constitución Nacional garantiza a los gremios concretar convenciones colectivas.-
La norma representada por un convenio colectivo, constituye el marco obligatorio e inderogable, para la contratación individual. La finalidad de las mismas, inspiradas en el bien común sectorial y general es el de mantener un orden inderogable que contemple con suficiente especialidad las características de cada actividad, su problemática e instrumenta una regulación ajustada a las mismas.-
Sobre este aspecto de la cuestión el dirimendo está referido a una cuestión legal, si es aplicable el convenio colectivo que se invoca, porque las disposiciones normativas del convenio colectivo actúan como una norma legal, por su carácter coactivo, general y abstracto sobre el interés profesional que regula (Krotoschin, Tratado, Tomo II, fs. 715 y art. 7, 8 y 9 Ley 14.250).-
Para aprehender este concepto hay que tener en cuenta que las asociaciones profesionales tienen como finalidad la defensa de los intereses profesionales de la actividad y que no representan voluntades sino a los intereses señalados y por ese motivo a través del acuerdo colectivo dictan normas como si fueran leyes (Nápoli-Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, fs. 336 sgtes. y art.7 Ley 14.250).-
Qué sindicato tiene la representación de la actividad o qué norma colectiva es aplicable al caso, plantea un problema de derecho colectivo de encuadramiento sindical, que debe establecer en el caso concreto la representación y la norma aplicable, que debe dilucidar la autoridad del trabajo con carácter declarativo y ulteriormente la vía judicial (Art. 61 inc. 5 Ley 22.205 - Vazquez Vialard - Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, fs. 510).-
En el mismo orden de fundamentos debe destacarse que: “El interés profesional es el que tienen necesariamente en común los trabajadores colocados en igual circunstancia social y económica por el mismo hecho de esta colocación”.-
“De tal manera es que siendo este interés profesional un interés que necesariamente y aún sin mucha conciencia sobre ello, tiene todo trabajador emplazado en una circunstancia semejante, el grupo profesional en la realidad resulta estar formado no por aquellos que expresamente manifiestan su afiliación o incorporación, sino por todos los que participan en este interés colectivo, que son todos los colocados en la posición social y económica que lo genera” (Luis Ramirez Bosco, Convenio Colectivo de Trabajo, pág. 38 y 39).-
En virtud de que: “La representación en ejercicio de la cual se establecen convenios colectivos, sobre todos los de alcance general, no son los atenidos a las normas sobre mandato que establece el Código Civil (...) es una representación de intereses caracterizada como opuesta a la representación dada para realizar actos cuyo contenido y alcance está previamente delimitado por la voluntad del representado” (Ramirez B., ob. cit., p. 36/37).-
La opinión cabe máxime de la jurisprudencia se resume en la siguiente tesis basada en opinión de Deveali y sintetizada en el “leading case” “Vitola, Blas c/Estancia Galli (R.S.L.) DT 1954. pág. 676: en el caso de los convenios colectivos de Derecho Público en el campo de aplicación por materia y territorio, está determinada por la naturaleza de la representación, que ha sido reconocida por la autoridad competente a las dos asociaciones estipulantes. Debido a que también en este caso la base del convenio está constituída por el consentimiento y teniendo en cuenta que cada asociación puede obligarse únicamente dentro de los límites de su representada, resulta evidente que el convenio puede obligar sólo dentro de los límites en que coinciden las facultades representantes de las dos asociaciones”.-
Por esta razón tampoco cabe mayor argumentación interpretativa ante el texto expreso de la ley.-
Si bien la intangibilidad de la convención colectiva no puede ser absoluta porque la interpretación correcta de las normas del ordenamiento jurídico exige un criterio armónico dentro del cual cada parte ha de interpretar a la luz de las disposiciones de todos los demás porque el ordenamiento jurídico es una estructura sistemática y la inteligencia de una de sus normas no puede alterar el equilibrio del conjunto, en el sub-iudice son las mismas normas las que otorgan validez a los convenios colectivos en este tema (Art. 106 L.C.T.).-
Por lo tanto, el Convenio Colectivo es un reparto autónomo que funciona como fuente material atribuyendo a las partes Derechos y Deberes recíprocos.-
La ley 24.700 que en su art. 1° dice: “Agrégase como artículo 103 bis de la Ley 20.744 el siguiente: Artículo 103 bis: Beneficios Sociales. Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituíbles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tienen como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. Son beneficios sociales las siguientes prestaciones:
a) Los servicios de comedor de la empresa.-
b) Los vales de almuerzo, hasta un tope máximo por día de trabajo que fije la autoridad de aplicación.-
c) Los vales alimentarios y las canastas de alimentos otorgados a través de las empresas habilitadas.-
Por lo tanto tampoco cabe basarse en los fundamentos de los fallos que impugnaron a los decretos de necesidad y urgencia porque los mismos no tenían aprobación del Poder Legislativo (Vaca Callau, Roger c/I.M.P.S.A. p/ORDINARIO), estos fundamentos han perdido toda relevancia.-
Por esta razón tampoco cabe mayor argumentación interpretativa ante el texto expreso de la ley.-
También surge el carácter no remunerativo de los siguientes criterios jurisprudenciales:
“El fallo plenario 247 del 28.08.85, interpretando el art. 106 de la ley de contrato de trabajo, autoriza que un convenio colectivo de trabajo o laudo arbitral atribuya carácter no remuneratorio a gastos de comida, traslado o alojamiento, sin exigencia de rendición de cuentas, pues las partes signatarias del convenio poseen autonomía de voluntad suficiente para evitar el fraude y darle a la compensación su verdadero carácter”.-
“La convención colectiva de trabajo 47/75 contiene una disposición idéntica a la contenida en el art. 106 del régimen de contrato de trabajo (t.o.) y al respecto la Cámara en pleno dispuso que el referido artículo autoriza a que un convenio colectivo de trabajo o laudo arbitral atribuya carácter no remuneratorio a gastos de comida, traslado o alojamiento sin exigencia de rendición de cuentas (Acuerdo plenario 247 del 28.08.85)”.-
“El viático pactado en el art. 37 del CCT 119/75 según se desprende de los términos de la norma, no constituye una contraprestación por haber puesto el agente de propaganda médica su capacidad laborativa a disposición del empleador, sino la restitución de un gasto impuesto por el hecho del cumplimiento de la tarea que debe realizar fuera de la empresa. Por lo tanto no tiene carácter remuneratorio y no está sujeto al pago de aportes y contribuciones”.-
“El viático fijo pactado en convención colectiva de trabajo, aún cuando no sea motivo de rendición documentada, no constituye la contraprestación por haber puesto el trabajador su capacidad laborativa a disposición del empleador, que aquél dispone libremente según lo desea, sino la devolución (o en su caso el anticipo) por un gasto impuesto por el hecho de cumplimiento de su tarea”.-
“No es coherente con la totalidad de la contratación colectiva (Convención colectiva de trabajo 119/75) entender que, existiendo una norma que aclara el alcance del viático, se le otorgue la finalidad distinta a la libremente pactada, cuando al hacerlo las partes han tenido en cuenta una finalidad de compensación y no de retribución, es decir, de reconocimiento de auténtico gasto tarifado”.-
“La norma establecida por el art. 106 de la ley de contrato de trabajo, al considerar remuneración a los viáticos que no se acrediten por medio de comprobantes, tiene por objeto prevenir el fraude laboral consistente en eludir obligaciones legales emergentes del salario, pero no puede llevarse al extremo de considerar salario a aquellas compensaciones que, por su naturaleza no lo tienen por estar destinadas a otro fin”. (Manuales de Jurisprudencia LA LEY, Ley de Contrato de Trabajo, fs. 241).-
Por lo tanto considero que lo dispuesto por la ley 24.700 art. 103, 105 y 106 de la L.C.T. y art. 39 del Convenio Colectivo N°. 91/93 constituyen según el principio de razón suficiente, las razones jurídicas y el fundamento del rechazo del rubro diferencias de indemnización reclamada por el actor. ASÍ VOTO.-

Los Dres. Luis César Salassa y José Luis Cano, dijeron que, por sus fundamentos, adhieren al voto que antecede.-

A LA TERCERA CUESTION LA DRA. ANGELICA CAMPELLONE DIJO:

“Una ley local que establece una tasa de interés equivalente a la que cobra el banco provincial oficial en sus operaciones de descuento es, en principio, constitucional, no obstante la sanción de la ley 23.928 de convertibilidad.- Pero una ley, en sí misma constitucional, puede ser inconstitucional en su aplicación al caso, por lo que la ley 3939 puede resultar inconstitucional en concreto, si su aplicación vulnera los principios fundamentales de la ley de convertibilidad”. Este es el voto de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci que damos por reproducido y que fue emitido en la causa N°. 51.993 “Sanzone en J: Sanzone J y ot. c/Sin. Ind. Alimentación por Ord.” - Ver Jurisprudencia de Mza. N°. 42, pág. 105.-
No hay constancias reales en autos que permitan advertir que en nuestro caso se está ocasinando un deterioro en contra del derecho de propiedad de la accionada. Si tenemos como evidencia que el acreedor ha debido accionar para obtener su legítimo derecho. Por lo tanto nos parece justo y equitativo aplicar la ley literalmente, nos referimos a la 3939, desde que el art. 82 del C.P.L. obliga al cálculo de intereses.-
Las costas se imponen en el orden causado dado que hubo razón probable para litigar (Art. 31 C.P.L.). ASÍ VOTO.-

Los Dres. Luis César Salassa y José Luis Cano, dijeron que, por sus fundamentos, adhieren al voto que antecede.-

Con lo que se dio por terminado el acuerdo que antecede, pasándose a dictarse sentencia definitiva en autos, la que a continuación se inserta.-

Y VISTOS

El acuerdo que antecede, el Tribunal, en definitiva,

RESUELVE:

1°) Rechazar en todas sus partes la demanda iniciada por FERNANDO MARIO CARRIZO en contra de BUENOS AIRES AL PACIFICO SAN MARTIN S.A. en concepto de diferencia de indemnización por despido. Costas en el orden causado.-

2°) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique liquidación en la presente causa.-

3°) Emplazar a la condenada en costas para que dentro del término de DIEZ DIAS abonen en autos los aportes correspondientes a derecho fijo, tasa de justicia y aportes ley 5059. Notifíquese la presente resolución a la Caja Forense y Dirección General de Rentas.-

REGISTRESE. NOTIFIQUESE.”

Firmado: Dr. José Luis Cano - Dra. Angélica Campellone - Dr. Luis César Salassa.-



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